En una sola semana, las autoridades cubanas impusieron más de 131 millones de pesos en multas, en lo que el régimen llama un “Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito”. Lejos de resolver los profundos problemas estructurales que enfrenta el país, la respuesta del Estado se resume en represión económica, cierres forzosos y decomisos.
Del 24 al 29 de marzo, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) ejecutó más de 61 mil inspecciones, detectando casi 39 mil violaciones en materia de precios. El saldo: 36 506 multas, junto con 2 779 ventas forzadas, 311 decomisos y 1 921 cierres de negocios o proyectos.
El mensaje del régimen es claro: en lugar de corregir las causas del descontrol inflacionario, criminaliza al ciudadano común, que en muchos casos solo intenta sobrevivir en una economía colapsada.
El gobierno se felicita por haber cobrado el 90,1 % de esas sanciones, incluso digitalmente a través de Transfermóvil, pero nada dice sobre el contexto en el que operan los pequeños emprendedores y vendedores: escasez de insumos, inflación desbordada, falta de acceso a divisas y un entorno legal arbitrario e incierto.
Estas cifras, que el régimen presenta como logros, reflejan en realidad el modelo coercitivo con el que intenta sostener una economía cada vez más hundida. La represión económica ha llegado a niveles extremos, incluyendo el cierre de miles de negocios por formalidades bancarias o por no cumplir con una normativa imposible en el contexto actual del país.
Mientras tanto, el mercado informal crece porque el sistema estatal no ofrece alternativas reales. El control de precios, impuesto a la fuerza, no frena la inflación: solo desplaza la actividad económica hacia la ilegalidad. Y cuando todo se convierte en delito, cualquier ciudadano puede ser tratado como criminal.
La persecución de “violaciones de precios” no resuelve el verdadero problema: la incapacidad del Estado para garantizar bienes y servicios a precios justos, ni su fracaso en estimular una economía productiva. En su lugar, castiga a quienes intentan llenar ese vacío con soluciones independientes.
Además, las multas no son iguales para todos. Mientras un emprendedor puede perder su sustento por una supuesta infracción, los privilegios del sector militar y de las empresas vinculadas al Estado no se tocan. La ley se aplica con mano dura al pequeño vendedor, pero con guante de seda al poder real.
Con sanciones, decomisos y cierres no se construye una economía próspera. Se asfixia la iniciativa, se castiga la resiliencia y se profundiza el caos. La represión fiscal solo añade desesperanza a un pueblo que ya carga con apagones, hambre y falta de libertad.
Lo que necesita Cuba no es más castigo, sino más libertad económica. Pero eso, en el modelo actual, parece ser el verdadero delito.
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