Un juez federal ha dado luz verde a una controvertida política impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, que obliga a todos los inmigrantes indocumentados mayores de 14 años a registrarse ante las autoridades federales en Estados Unidos.
La decisión, firmada por el juez Trevor Neil McFadden, permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigir este registro como parte de un proceso de identificación y control migratorio. Según el fallo, la medida está respaldada por una disposición ya existente en la legislación migratoria del país.
A partir de este viernes, los inmigrantes sin estatus legal deberán inscribirse a través del portal en línea del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). El sistema solicita a los usuarios información personal como lugar de residencia, fecha de ingreso al país y antecedentes penales. Además, quienes se registren recibirán un documento que deberán portar en todo momento para acreditar su situación.
En el caso de los menores de 14 años, serán sus padres o tutores legales quienes deban realizar el trámite correspondiente.
El DHS ha advertido que no cumplir con esta normativa podría conllevar sanciones legales, incluidas multas, cargos penales y hasta penas de prisión. Las autoridades estiman que entre 2,2 y 3,2 millones de personas se verán directamente afectadas por esta disposición.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han reaccionado con preocupación ante el fallo. Diversos colectivos advierten que este tipo de medidas incrementan significativamente el riesgo de deportación para quienes se registren, al facilitar la identificación y localización de personas sin papeles.
“Esto coloca a millones de inmigrantes en una situación imposible: revelar su paradero al mismo gobierno que ha prometido deportarlos, o negarse a registrarse y exponerse a consecuencias legales graves”, declaró un portavoz de una de las organizaciones demandantes.
Los críticos también subrayan que, aunque la disposición forma parte de una ley migratoria preexistente, su aplicación nunca se había llevado a cabo de forma sistemática, y menos con la amenaza explícita de sanciones severas por incumplimiento.
Desde que el DHS anunció la medida el pasado 25 de febrero, ya se han comenzado a enviar notificaciones a inmigrantes en diferentes estados con instrucciones para crear sus cuentas en línea y completar el proceso de registro.
A pesar del fallo favorable al gobierno federal, los grupos civiles que interpusieron la demanda no descartan apelar la decisión en instancias superiores, argumentando que la norma vulnera derechos constitucionales y promueve un clima de persecución.
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