La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar pidió al presidente Donald Trump que considere otorgar una “Salida Forzosa Diferida” (DED, por sus siglas en inglés) a miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario, ahora en proceso de ser eliminado.
En una carta enviada esta semana, Salazar argumentó que muchos de estos migrantes escaparon de gobiernos autoritarios y situaciones extremas de violencia, por lo que merecen un tratamiento justo mientras se revisa su situación legal. La DED, explicó, permitiría suspender temporalmente las deportaciones, ofreciendo al mismo tiempo a las autoridades un margen para realizar verificaciones de antecedentes y tomar decisiones caso por caso.
“Debemos actuar con compasión y responsabilidad. Mientras enfrentamos una crisis migratoria sin precedentes, no podemos olvidar que muchos de estos individuos huyeron de dictaduras y violencia para buscar refugio en nuestro país”, expresó la representante republicana por Florida.
El programa de parole humanitario, implementado durante la administración de Joe Biden, benefició a más de medio millón de personas provenientes de países marcados por la represión política y el colapso económico. Les permitió ingresar legalmente a EE.UU. por un período de hasta dos años, con posibilidad de autorización de empleo.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció recientemente su revocación. Los beneficiarios actuales deberán abandonar el país antes del 24 de abril, según el aviso oficial. De no hacerlo, podrían ser detenidos y deportados.
Salazar ha sido una defensora activa de los migrantes de estos países, especialmente los cubanos. En recientes declaraciones al canal AméricaTeVé, sostuvo que quienes entraron al país con el formulario I-220A —una figura no considerada como parole legal— “no son ilegales” y aseguró estar trabajando con el equipo de Trump y funcionarios del DHS para encontrar una solución que impida deportaciones masivas.
Además, criticó duramente la política migratoria de la administración Biden, que, según sus cifras, permitió el ingreso irregular de más de 10 millones de personas a través de la frontera sur.
En su carta, la congresista destacó que la DED permitiría evaluar individualmente a los migrantes, otorgando protección a quienes realmente huyen del peligro, y deportando a quienes representen un riesgo o hayan ingresado fraudulentamente. “Queremos preservar el legado de Estados Unidos como un faro de esperanza para quienes lo necesitan, sin comprometer la seguridad nacional”, añadió.
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