Los cubanos que recibieron el parole humanitario otorgado por la administración de Joe Biden aguardan con incertidumbre la decisión de un juez federal de Boston, quien determinará si suspende o no la revocación de este beneficio migratorio.
Esta medida, anunciada por la administración de Donald Trump, afectaría a miles de migrantes, quienes perderían su estatus legal y estarían en riesgo de deportación.
La revocación del parole, programada para entrar en vigor el 24 de abril, significaría que más de 530,000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití quedarían expuestos a la deportación si no han regularizado su estatus de otra manera.
Esto incluye a los cubanos beneficiados por el programa, que desde 2022 han podido ingresar legalmente a Estados Unidos por un periodo de dos años, siempre que contaran con un patrocinador estadounidense.
En el caso de los cubanos, el parole les ofreció la posibilidad de solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, siempre y cuando permanecieran en el país durante al menos un año y un día. Sin embargo, aquellos que llegaron después de abril de 2024 no cumplirían este requisito, lo que afecta a más de 26,000 personas.
La defensa de los migrantes argumenta que la revocación del parole causaría un daño irreparable a estos 530,000 migrantes, muchos de los cuales perderían su estatus legal y quedarían sujetos a deportación masiva sin poder impugnar la decisión.
Para ellos, el parole ha sido una protección vital contra la deportación, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Según los abogados, eliminar estas protecciones afectaría gravemente la estabilidad social y laboral de muchas familias, poniendo en riesgo su sustento.
Por otro lado, la administración Trump sostiene que los migrantes no tienen derecho a impugnar la revocación del parole, ya que lo consideran una medida ejecutiva válida que se ajusta a las prerrogativas del Ejecutivo.
Además, argumentan que el programa de parole excede las facultades legales del gobierno, constituyendo un abuso de poder. Según esta postura, el parole era solo una medida temporal para circunstancias excepcionales y no da derecho a un estatus permanente, lo que justifica su revocación dentro de una estrategia migratoria más amplia.
Con esta disputa legal en curso, los migrantes y sus defensores esperan que el juez Talwani decida suspender la revocación, evitando así una crisis migratoria de grandes proporciones.
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