La administración de Donald Trump ha comenzado a aplicar una nueva y polémica estrategia para presionar a migrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos: invalidar sus números de Seguro Social. La medida, sin precedentes, busca empujar a miles de personas a abandonar voluntariamente el país, dificultándoles el acceso a servicios financieros y prestaciones públicas básicas.
Documentos revisados por The New York Times y fuentes cercanas al proceso revelan que el gobierno republicano está reutilizando el llamado “archivo maestro de defunción” del Seguro Social, tradicionalmente reservado para registrar fallecimientos, para incluir a personas vivas cuyo estatus legal ha sido revocado. Al figurar como “muertas” en esta base de datos, pierden automáticamente el acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y beneficios públicos como Medicaid o ayudas estudiantiles.
Más de 6.300 migrantes han sido incluidos ya en esta lista, según fuentes oficiales. Aunque inicialmente se trata de individuos que el gobierno considera delincuentes o potenciales amenazas, funcionarios admiten que el programa podría ampliarse a cualquier persona sin autorización vigente. La estrategia ha sido impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por el asesor tecnológico Elon Musk, y ha generado dimisiones en organismos clave como el Servicio de Impuestos Internos.
“El objetivo es cortar los incentivos financieros que permiten a los inmigrantes quedarse ilegalmente en el país”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston. “Así se cumplirá la promesa de deportaciones masivas del presidente Trump”.
Durante el mandato de Joe Biden, más de un millón de migrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela accedieron al país mediante programas humanitarios temporales. Muchos recibieron números de Seguro Social y permiso de trabajo. Con el cambio de administración, estas políticas están siendo desmontadas.
Los defensores de los derechos de los migrantes califican esta medida como una forma de "aniquilación financiera". Martin O’Malley, excomisario de la Administración del Seguro Social durante el gobierno de Biden, condenó la decisión: “Equivale a un asesinato financiero. Estas personas serán tratadas como si nunca hubieran existido”.
Por otro lado, figuras afines al gobierno defienden la decisión. “Si se busca una aplicación estricta de las leyes migratorias, esta política es efectiva”, señaló Andrew Biggs, exfuncionario bajo George W. Bush.
El plan también incluye acuerdos entre agencias. Según se ha revelado, el Seguro Social compartió recientemente con el Departamento de Seguridad Nacional las últimas direcciones conocidas de casi 100.000 personas, algo que en administraciones anteriores era considerado una violación de privacidad.
A pesar de que el nuevo sistema ha sido rebautizado como “archivo maestro de inelegibles”, no se ha implementado un mecanismo específico para marcar legalmente a los afectados. Por ahora, se les asigna una supuesta fecha de muerte.
La controversia ha escalado tras conocerse que algunos menores de edad también han sido incluidos en la lista, entre ellos un niño de 13 años. Esto ha despertado críticas incluso dentro de la propia agencia, que teme errores graves en la inclusión de nombres.
El gobierno de Trump justifica la medida como un esfuerzo para evitar que “presuntos terroristas” se beneficien de recursos públicos. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas claras sobre cómo se determina esa calificación.
(Con información de The New York Times)
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