La Corte Suprema de Estados Unidos ha respaldado una orden que obliga al gobierno federal a facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, un inmigrante residente en Maryland que fue deportado injustamente a El Salvador en 2025, a pesar de tener una orden judicial vigente que prohibía su expulsión.
Abrego García fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 12 de marzo y deportado solo tres días después, violando una decisión de un juez de inmigración de 2019 que advertía que enfrentaría una alta probabilidad de persecución si era devuelto a El Salvador. Actualmente, se encuentra detenido en el penal CECOT, una de las cárceles más severas del país centroamericano.
La jueza federal de distrito Paula Xinis había ordenado previamente al gobierno de Donald Trump “facilitar y efectuar el regreso” de Abrego García, una instrucción que la Corte Suprema ratificó parcialmente, pidiendo sin embargo aclaración sobre el alcance del término “efectuar”, al considerar que podría exceder la autoridad judicial en asuntos de política exterior.
El máximo tribunal también reconoció la urgencia del caso y solicitó al gobierno explicar qué acciones ha tomado para el regreso del migrante, su situación actual en El Salvador y qué pasos concretos tomará en adelante. En cumplimiento con el fallo, la jueza Xinis modificó su orden para eliminar el término cuestionado y dejó explícito que los funcionarios deben “tomar todas las medidas disponibles” para traer a Abrego García de vuelta “lo antes posible”.
El abogado del migrante, Andrew Rossman, calificó el fallo como “una victoria del estado de derecho” y exhortó al Departamento de Justicia a actuar de inmediato. En una carta dirigida al procurador general, Rossman instó a que el gobierno estadounidense garantice la liberación inmediata de su cliente del penal CECOT y lo repatríe sin demoras, incluso enviando una aeronave si fuera necesario.
El Departamento de Justicia, por su parte, insistió en que la conducción de la política exterior es una prerrogativa del Poder Ejecutivo, pero la Corte fue clara al afirmar que la orden de la jueza Xinis era válida dentro del marco legal.
El caso ha generado un fuerte debate sobre los límites del poder presidencial en materia migratoria, especialmente después del regreso de Donald Trump a la presidencia y su renovada ofensiva contra supuestos miembros de pandillas, entre ellos la MS-13. Aunque el gobierno alega que Abrego García pertenece a esa organización, sus abogados niegan la acusación y señalan que el migrante ha vivido más de una década en EE. UU. sin antecedentes penales.
La jueza Sonia Sotomayor, en una contundente opinión adjunta al fallo, denunció la ilegalidad de la deportación: “El Gobierno no ha citado ninguna base legal para su arresto, deportación o encarcelamiento en El Salvador. Ni podría hacerlo”, sentenció.
El dolor de una madre ante la negligencia médica en Cuba: '¡Mi hija murió de abandono!'
Hace 7 horas