Una jueza federal en Boston ha emitido un fallo clave que frena temporalmente la revocación del programa de parole humanitario, una medida que había sido ordenada por el presidente Donald Trump. Esta decisión representa un respiro para miles de migrantes acogidos bajo este beneficio, instaurado durante la administración de Joe Biden.
La jueza Indira Talwani dictaminó que la interpretación legal del nuevo gobierno era incorrecta, al pretender anular un beneficio previamente concedido a personas que ingresaron legalmente al país bajo un marco específico. Talwani subrayó que el procedimiento de deportación rápida solo aplica para quienes entraron de manera ilegal, no para quienes contaban con autorización válida.
“El gobierno no puede dar la espalda a quienes siguieron las reglas, mientras enfoca sus esfuerzos en revocar beneficios que ya habían sido otorgados legalmente”, señaló la magistrada en su fallo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había anunciado que, a partir del 24 de abril, comenzarían a revocar los permisos otorgados bajo el programa, lo cual habría dejado en el limbo a decenas de miles de personas en Estados Unidos, afectando no solo su estatus migratorio, sino también sus empleos y estabilidad familiar.
Grupos de defensa de los derechos de los migrantes denunciaron que la medida causaría un daño irreparable a comunidades enteras. Por su parte, la defensa del gobierno argumentó que la Casa Blanca tiene autoridad plena sobre políticas migratorias y que los beneficiarios del parole no tienen derecho legal a impugnar la decisión.
Sin embargo, el sistema judicial federal de Estados Unidos obliga al cumplimiento de las órdenes emitidas por jueces de distrito, como es el caso de Talwani. Estas decisiones tienen carácter vinculante hasta que sean revertidas por una instancia superior, como una Corte de Apelaciones.
El parole humanitario fue implementado inicialmente para ciudadanos venezolanos en 2022 y posteriormente ampliado en 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses. El programa permite a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en EE.UU. durante dos años, siempre que cuenten con un patrocinador.
En el caso de los cubanos, también se abría la puerta a la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano, tras un año y un día de permanencia en el país. Sin embargo, quienes llegaron después de abril de 2024 podrían quedar fuera de esta protección si la orden ejecutiva de Trump entra finalmente en vigor.
La decisión de la jueza Talwani refleja la importancia del equilibrio de poderes y del rol del sistema judicial como garante de los derechos fundamentales, incluso ante decisiones del poder ejecutivo.
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