Un cubano que se identifica Grober Quiala Estupiñán, Primer Teniente pensionado del Minint terminó con buena parte de su familia encarcelada tras las protestas del 11 de julio en Cuba, lo que sucedió después le llenó de valor para hacer una cruda denuncia.
Para las personas que no me conocen soy el Primer Teniente pensionado del Minint Grober Quiala Estupiñán, laboré por más de 27 años y me desempeñé como Investigador Judicial en la PNR de Micro 9 de Santiago de Cuba, actualmente pensionado desde el 1ro de Noviembre de 2021, la mayoría de estos años los dediqué a investigar asuntos penales y mis últimos 5 años era el encargado de los atestados directos presentados en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba pertenecientes a la Estación #1 de dicha ciudad conocida como Micro 9.
El cubano que por más de 27 años se desempeñó como Investigador Judicial en la PNR de Micro 9 de Santiago de Cuba dice que su objetivo es denunciar una serie de injusticias y violaciones cometidas en el poblado de El Caney a raíz del 11 J y advierte “las personas que me conocen saben cuáles son mis valores y que no tolero el abuso ni las mentiras”.
Según comienza explicando varios miembros de su familia terminaron involucrados en las protestas en el Poblado de El Caney.
“Mi sobrino Iván Arocha Quiala salió de la casa en busca de cigarros y una botella de ron donde se encontró con otros jóvenes que decidieron incorporarse a la manifestación, rápidamente nos llegó la información y uno tras otro fuimos saliendo en busca de mi sobrino; primeramente salió mi cuñado Ivan Mauricio Arocha Arocha, pero como éste se había tomado varios tragos de ron, en su búsqueda salió mi hijastro Dairon Yunior Labrada Linares quien logró contactar con mi sobrino Iván y ambos fueron hasta el parque; tras el nerviosismo salieron en su búsqueda mi hermana Glenys Quiala Estupiñán y mi sobrina Sheila Gleny Arocha Quiala; yo y mi hermano Grosman Quiala Estupiñán también salimos para buscarlos pero al llegar al parque los habían detenidos a todos y se los habían llevado”.
Días después el cubano fue citado por la Contrainteligencia Interna para “analizarle” por tener varios familiares involucrados en las manifestaciones y decidió iniciar una investigación por su cuenta sobre los hechos.
“Las cosas comenzaron a cambiar”, dice “pues conocí que no solo hubo un exceso en las actuaciones de los policías, sino que se violaron derechos establecidos constitucionalmente como es el derecho a la salud, pues no se les dio atención médica a ninguno de los detenidos y todos estaban lesionados, hasta las mujeres fueron golpeadas por oficiales como el Capitán Uber Tamayo Mengana que le dio una patada en el abdomen a mi sobrina Sheila y el oficial Asiel Estévez Frómeta quién luego de esposar a los detenidos a los tubos de los asientos, golpearon brutalmente hasta perforarle un oído a mi cuñado Iván Mauricio Arocha Arocha, solo los menciono a estos dos oficiales pues todos los demás en un gesto de cobardía también golpeaban sin límites luego de haberlos neutralizados”, añade.
El cubano también expone que en los videos recolectados se aprecia claramente que los que iniciaron la violencia fueron los policías quienes “algunos sin portar nasobuco como el oficial Asiel, arremetieron brutalmente contra las personas que allí estaban, incluso con objetos no reglamentados como palos y así lo demuestra el oficial Armado Ramírez Castellanos con uno de estos palos en la mano, luego de conducirlos a la tercera Estación de la PNR los hacinaron a todos en un camión jaula sin tomar ningún protocolo de higiene, introduciendo en la misma a más de 60 personas detenidas donde solamente no deben pasarse de 25 personas”,explica.
Sus otras denuncias incluyen además de la falta de atención médica, el maltrato a los detenidos y la desaparición de los artículos que las familias les enviaban a la cárcel.
Asimismo indica que le permitieron a los abogados la visita pasados más de 18 días, quizás “para evitar que le vieran las lesiones que habían sufrido y privándolos de otro derecho constitucional como es el derecho a la defensa”, alega.
Grober Quiala Estupiñán además expuso las múltiples irregularidades en el acto del juicio oral al cual acuso de ser un montaje lleno de manipulación por parte del fiscal y los instructores.
“La testigo de la fiscalía Kiuri Romero de Moya quien era la Secretaria del PCC del Poblado, la misma confesó no poder mentir, ciertamente entre el fiscal y el instructor querían que ella dijera cosas que no había visto y la misma no estuvo de acuerdo”, señala cintando otros ejemplos.
El hombre detalla que el proceso estuvo cargado de falsedad y la manipulación en las cargas de pruebas del caso, de allí que afirma: “acudo por éste medio a exponer mi criterio pues no confío en la prensa cubana, no confío en el gobierno que actualmente está en el poder y exijo dos cosas, que si es posible sea publicado el juicio de la causa 448/21 del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba y que una comisión de los derechos humanos perteneciente a la ONU tenga acceso a este expediente y de ser posible a todos los expedientes vinculados al 11 J”.
Por último, Quiala Estupiñán pone todas las sanciones impuestas a los miembros de su familia: “El pasado 25 de Marzo fueron sentenciados inocentemente los acusados de esta causa y se les impuso sanciones de: $4000.00 pesos de multa a Luis Raúl Ibarra Hernández, 5 años de Privación de libertad a Yusnaira González Pérez, 6 años de Privación de libertad a Abdiel Cedeño Martínez, 7 años de Privación de libertad a Dairon Yunior Labrada Linares, 9 años de Privación de libertad a Eduardo Reynaldo Machado Arocha, 10 años de Privación de libertad a Ivan Mauricio Arocha Arocha, 10 años de Privación de libertad a Ivan Arocha Quiala, y 12 años de Privación de libertad a Enrique Ferrer Hechavarría, sumando en total 59 años de Privación de libertad”.
Mientras denuncia deja tres interrogantes: ¿De qué Justicia Social se está hablando? ¿De qué trasparencia habla el presidente Díaz-Canel? ¿Con qué moral vamos a mirar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones con tanta injusticia cometida?
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