El gobernador de Florida, Ron DeSantis firmó en las últimas horas acuerdos que amplían significativamente las facultades de las fuerzas de seguridad estatales y locales para hacer cumplir las leyes migratorias.
Esta medida refuerza su postura de línea dura contra la inmigración irregular y lo alinea con la estrategia republicana de endurecimiento de políticas migratorias impulsada por el expresidente Donald Trump.
A través del programa 287(g), las agencias estatales podrán cooperar directamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la identificación y detención de inmigrantes en situación irregular.
"El programa 287(g) autoriza a ICE a delegar funciones de control migratorio a las fuerzas de seguridad estatales y locales, lo cual es esencial para cumplir el mandato del presidente Trump de expulsar a los inmigrantes ilegales y restaurar el orden", aseguró DeSantis en su cuenta de X (antes Twitter).
También señaló que esta medida permaneció inactiva durante la administración de Joe Biden, pero ha sido reactivada con el regreso de Trump al escenario político.
La medida se suma a un paquete de leyes aprobado recientemente en Florida, que DeSantis describió como "la legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país".
Entre las disposiciones clave se incluyen el endurecimiento de sanciones para inmigrantes indocumentados, la eliminación de la política de captura y liberación, y la negación automática de la libertad bajo fianza para aquellos arrestados en situación irregular.
Estas políticas han generado preocupación entre la comunidad inmigrante, que teme un aumento de deportaciones masivas y un ambiente de incertidumbre. Sectores clave de la economía de Florida, como la agricultura, la construcción y la atención sanitaria, dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. La reducción en la disponibilidad de trabajadores podría afectar negativamente la economía estatal.
DeSantis ha reiterado su compromiso de mantener a Florida en la vanguardia de la lucha contra la inmigración ilegal, en estrecha coordinación con la administración Trump. Desde enero, el gobernador presentó su plan de acción para combatir este fenómeno, que ahora se refuerza con estas nuevas medidas.
La comunidad inmigrante y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto social y económico que podrían tener estas políticas en el estado.
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