Un ladrón fue captado por una cámara de seguridad mientras robaba un teléfono celular en el bar “El Jimagua”, ubicado en el poblado de Pina, municipio "Ciro Redondo", en la provincia de Ciego de Ávila.
El delincuente aprovechó un apagón para cometer el hurto, sin percatarse de que la cámara de seguridad seguía funcionando gracias a una batería. Gracias a las imágenes grabadas, fue identificado y el teléfono de la empleada fue recuperado.
Sin embargo, a pesar de la evidencia contundente, la Policía Nacional Revolucionaria de "Ciro Redondo" dejó en libertad al responsable, generando indignación entre los pobladores que exigen justicia ante el incremento de la delincuencia en la región.
Este caso ha desatado preguntas legítimas entre los ciudadanos: ¿Por qué la policía actúa con tanta permisividad ante los delincuentes comunes? ¿Qué intereses se esconden detrás de estas decisiones?
La PNR sigue mostrando eficiencia solo cuando se trata de reprimir a disidentes y presos políticos. Casos como el del activista Maikel Herrera Bones, enfermo de VIH, quien ha denunciado maltratos y falta de atención médica mientras permanece bajo vigilancia policial, evidencian cómo el régimen prioriza silenciar voces críticas en lugar de proteger a la ciudadanía. También se recuerda la represión contra manifestantes del 11J, muchos de los cuales fueron arrestados y condenados a largas penas por ejercer su derecho a expresarse pacíficamente.
En varias provincias se reportan robos, asaltos y actos de violencia que quedan impunes. En La Habana, por ejemplo, se han denunciado múltiples asaltos en la vía pública, donde los delincuentes son liberados o ni siquiera son perseguidos. En el municipio Playa, familias que ocupan ilegalmente edificios en ruinas, como el emblemático Riomar, viven a merced de pandillas que controlan la zona sin que la policía intervenga.
Esta doble moral en el accionar de la policía cubana demuestra una preocupante ineficiencia y falta de compromiso con la seguridad ciudadana. Mientras los verdaderos criminales caminan libres, los activistas, periodistas independientes y ciudadanos que reclaman mejores condiciones de vida son perseguidos, detenidos y condenados.
La población se pregunta hasta cuándo la policía actuará como instrumento de represión política en lugar de cumplir su verdadero deber: garantizar la seguridad y el orden público.
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