El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso contundente en su lucha contra el crimen organizado al designar a grupos como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. La medida, que entrará en vigor el 20 de febrero, endurecerá las restricciones contra estos grupos y permitirá sanciones más severas contra quienes los financien o colaboren con ellos.
La lista incluye al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. También abarca a subgrupos como Los Zetas, el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel del Abuelo. Esta decisión se basa en la creciente violencia y la expansión de estas organizaciones, que han sembrado el terror en América Latina y han inundado Estados Unidos con drogas y crimen.
Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha priorizado medidas drásticas contra el crimen organizado. El mismo 20 de enero, día de su investidura, firmó una orden ejecutiva que exigía la designación de estos grupos como terroristas. Su administración argumenta que estos cárteles y pandillas no solo afectan a sus propios países de origen, sino que representan una amenaza directa para la seguridad de EE.UU.
Una de las consecuencias inmediatas de esta designación es que cualquier individuo en EE.UU. que brinde apoyo o recursos a estos grupos podrá ser procesado por colaborar con el terrorismo. Además, los miembros de estas organizaciones serán considerados “inadmisibles” y podrán ser deportados sin audiencia judicial, una medida respaldada por leyes antiterroristas que se remontan a 1798.
Mientras Washington endurece su postura, el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha respondido con preocupación, pero no con acciones concretas. Sheinbaum advirtió que si EE.UU. oficializa la designación de los cárteles como terroristas, su gobierno podría ampliar una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses.
Este argumento, aunque no carente de lógica, parece un intento de desviar la atención sobre la incapacidad del Estado mexicano para frenar la expansión de estos grupos. La evidencia de que gran parte del armamento de los cárteles proviene de EE.UU. no excusa la falta de operativos efectivos ni la corrupción que permite que estas organizaciones sigan operando con total impunidad dentro del país.
El Salvador, en contraste, ha tomado un enfoque más firme. En febrero, el gobierno salvadoreño aceptó recibir a criminales deportados desde EE.UU., sin importar su nacionalidad, para que cumplan sus condenas en cárceles del país. Esto incluye a miembros del Tren de Aragua y de la MS-13, dos grupos con una presencia significativa en Centroamérica.
México, por su parte, no ha dado señales de que tomará medidas similares. En lugar de reforzar su sistema de justicia y trabajar en conjunto con EE.UU. para combatir el crimen organizado, el gobierno mexicano prefiere enfocarse en argumentos legales contra la industria armamentista estadounidense.
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