La administración Trump ha propuesto prohibir la compra de comida chatarra con los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), antes conocido como Food Stamps (Cupones de Alimentos).
La iniciativa busca eliminar productos como bebidas azucaradas, dulces y alimentos ultraprocesados. Aunque la propuesta cuenta con respaldo gubernamental, su implementación enfrenta retos significativos, según informó la agencia AP.
Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos y Brooke Rollins, secretaria de Agricultura respaldan esta propuesta. Kennedy ha sido contundente al afirmar que el programa, con un presupuesto cercano a 113,000 millones de dólares y que beneficia a 42 millones de estadounidenses, incluidos muchos cubanos residentes en EE. UU., no debería permitir la compra de “refrescos o alimentos procesados”. Según declaró a Fox News, “no deberíamos estar subsidiando a la gente para que coma veneno”.
Rollins cuestionó: “¿Deberíamos usar el dinero de los contribuyentes para alimentar a niños con alimentos en mal estado y bebidas azucaradas cuando podrían recibir opciones más nutritivas?”.
Modificar el funcionamiento del SNAP no es sencillo. El programa está regulado por la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008, que permite el uso de beneficios para adquirir cualquier alimento destinado al consumo humano, excepto alcohol, tabaco y comidas listas para consumo inmediato.
Cambiar esta disposición requeriría una reforma legislativa o exenciones estatales.
Katie Bergh, del Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas, destacó que en los últimos 20 años, múltiples estados intentaron limitar productos como refrescos, papas fritas o carnes de lujo, sin éxito.
Además, un informe del USDA en 2007 advirtió que tales restricciones serían costosas y difíciles de aplicar, sin garantizar mejoras en los hábitos alimenticios ni en la salud pública.
Los defensores del SNAP sostienen que sus beneficiarios no compran más comida chatarra que otros estadounidenses de bajos ingresos.
Con un promedio mensual de 187 dólares por persona, el programa sigue siendo vital para combatir el hambre. La propuesta de la administración Trump enfrenta serios desafíos legislativos y sociales.