La administración del presidente Donald Trump ha iniciado el despido de más de 4.000 empleados federales en plena crisis presupuestaria, una medida que ha desatado un amplio rechazo político y sindical en Washington. El hecho ocurre mientras el Congreso sigue sin alcanzar un acuerdo de financiación, lo que mantiene paralizado al gobierno desde el 1 de octubre.
Según documentos presentados por el Departamento de Justicia, los despidos afectan a siete agencias federales, entre ellas el Departamento del Tesoro y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que concentran más de la mitad de las notificaciones de cese. También se han visto afectados los departamentos de Seguridad Nacional, Educación, Energía, Vivienda y Desarrollo Urbano, así como la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, confirmó la medida a través de la red X, asegurando que las “reducciones de personal” ya comenzaron y serán “sustanciales”. En tanto, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) explicó que las agencias están evaluando nuevos recortes en función de la prolongación del cierre.
De acuerdo con la documentación oficial, más de 1.400 empleados del Tesoro y entre 1.100 y 1.200 del HHS recibieron avisos formales de despido. En el Departamento de Educación se notificó a 466 trabajadores, mientras que otros 315 del Departamento de Comercio también fueron incluidos en la lista.
El HHS defendió los recortes argumentando que buscan reducir una “burocracia inflada” heredada de la administración de Joe Biden y alinear sus operaciones con la agenda “Make America Healthy Again”. Sin embargo, sindicatos y líderes políticos han denunciado la medida como un acto arbitrario y punitivo.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) y la AFL-CIO anunciaron acciones legales contra la Casa Blanca, alegando que los despidos “violan la ley federal” y ponen en riesgo los servicios públicos. “Los veremos en los tribunales”, advirtió la AFL-CIO en un comunicado.
La decisión también generó divisiones dentro del Partido Republicano. La senadora Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones, calificó los despidos como “innecesarios y crueles”, mientras que su colega Lisa Murkowski los consideró “una acción punitiva” que afectará la moral del servicio público.
Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó a Trump de “crear un caos deliberado” y de usar a los empleados federales como “rehenes políticos”. “Nadie lo obliga a despedir a trabajadores que protegen nuestro país y garantizan servicios esenciales”, declaró Schumer.
El cierre del gobierno ha dejado miles de oficinas federales paralizadas, retrasando pagos, inspecciones y programas sociales. Expertos advierten que, de prolongarse la crisis, el impacto económico podría ser severo, afectando desde la salud pública hasta la seguridad nacional.
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