El Congreso de Perú destituyó este jueves a la presidenta Dina Boluarte, declarando su “permanente incapacidad moral” para gobernar ante la creciente inseguridad y el avance del crimen organizado. La medida fue aprobada de manera exprés con 122 votos a favor de los 130 parlamentarios, muy por encima de los 87 requeridos.
Durante la sesión, Boluarte no se presentó para ejercer su defensa. Poco después, el presidente del Congreso, José Jerí, asumió como mandatario interino, en tanto se convocan las elecciones generales previstas para 2026.
Con esta decisión, Boluarte —la primera mujer en ocupar la Presidencia del país— pone fin a un mandato de dos años y diez meses, iniciado en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta.
Boluarte llegó al poder sin un partido propio ni respaldo parlamentario sólido, y se mantuvo en el cargo gracias a los votos de sectores conservadores, incluidos los del fujimorismo. Sin embargo, esas mismas fuerzas que la sostuvieron terminaron promoviendo su salida ante el deterioro de la seguridad pública y las denuncias de corrupción que empañaron su gestión.
Su impopularidad creció de forma sostenida. Diversas encuestas la situaban como la mandataria más impopular de América Latina, con apenas un 3 % de aprobación. Las críticas por el manejo de las protestas sociales, que dejaron más de 50 muertos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, marcaron un punto de quiebre con la ciudadanía.
La crisis se agravó tras el ataque armado del domingo pasado durante un concierto del popular grupo de cumbia Agua Marina, en un local del Ejército en Lima, que dejó varios heridos. El hecho generó indignación nacional y desató una ola de críticas contra el Gobierno por su incapacidad para frenar la violencia criminal.
El suceso encendió las alarmas políticas y unificó al Congreso en torno a las mociones de vacancia, consideradas una respuesta a la pérdida total de confianza en la mandataria.
Boluarte enfrenta múltiples investigaciones fiscales. Entre ellas, por presuntos delitos de homicidio y genocidio debido a la represión de las protestas, y por enriquecimiento ilícito en el caso conocido como Rolexgate, que reveló su posesión de joyas y relojes de lujo no declarados.
También se le investiga por su presunta vinculación con la fuga del exgobernador Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, y por haberse sometido en secreto a cirugías estéticas sin informar al Congreso, lo que habría violado sus obligaciones como jefa de Estado.
Aunque el Tribunal Constitucional había ordenado suspender los procesos mientras ejerciera el cargo, la destitución elimina su inmunidad y permite reanudar las pesquisas.
Boluarte se suma así a la larga lista de mandatarios peruanos destituidos en los últimos años, como Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, reflejo de la fragilidad institucional que atraviesa el país.
El Congreso anunció que José Jerí ejercerá la Presidencia de forma interina hasta la celebración de los próximos comicios, en un contexto de desconfianza ciudadana y crisis política que mantiene a Perú en una espiral de inestabilidad.
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