La prensa oficial cubana vuelve a señalar con el dedo al pueblo, esta vez contra los transportistas privados que, según un artículo reciente, cobran hasta 200 CUP por recorrer menos de un kilómetro.
El texto, publicado por el órgano provincial del Partido en Cienfuegos, intenta presentar a los choferes de moto-taxis y triciclos como los grandes culpables del malestar ciudadano. Sin embargo, la raíz del problema no está en los precios, sino en el desastre del sistema estatal de transporte.
Durante décadas, el Gobierno ha sido incapaz de garantizar una red de ómnibus eficiente ni combustible suficiente para sostener el transporte público. Ante la escasez, surgieron los transportistas privados, que llenaron el vacío que dejó el Estado.
Ahora, en lugar de reconocer su papel vital, los medios oficialistas los acusan de “especuladores”, olvidando que ellos también son víctimas de un modelo económico que los obliga a sobrevivir como pueden.
Las tarifas elevadas no son producto de la codicia, sino de la realidad cubana: baterías que cuestan miles de pesos, piezas imposibles de conseguir, combustible a precios astronómicos y ausencia total de incentivos o apoyo estatal.
¿Cómo puede un chofer mantener su vehículo si cada carga de batería o litro de gasolina cuesta casi tanto como una comida diaria?
La prensa oficial pide “intervención del Estado para regular los precios abusivos”, pero evita mencionar que el mismo Estado vende la comida en dólares, los medicamentos escasean y los salarios no alcanzan ni para un cartón de huevos. ¿Quién regula esos abusos?
En Cienfuegos, cerca del 80% del movimiento de personas depende de los triciclos eléctricos o de combustión. Sin ellos, la ciudad estaría prácticamente paralizada. Los ciudadanos lo saben, pero el discurso oficial sigue buscando culpables donde debería haber soluciones.
Mientras tanto, el pueblo sigue pagando caro: por el transporte, por la comida, por la luz, por la vida misma. Los medios del régimen pueden intentar manipular la narrativa, pero todos saben que el verdadero problema no es el chofer que cobra caro, sino el sistema que no permite otra opción.
“Si el Estado hiciera su trabajo, no habría necesidad de pagar 200 pesos por un kilómetro”, dice un cienfueguero cansado. Y tiene razón.