El Órgano Oficial del Comité Central del Partido en Cienfuegos cuestionó a transportistas privados que cobran hasta 200 CUP por recorridos inferiores a un kilómetro dentro de la ciudad. Como ejemplo, citó el trayecto entre la funeraria y la avenida 36, donde el precio varía según la hora. El servicio de moto-taxi —diseñado como paliativo ante el colapso del transporte público— habría “derivado” en tarifas desproporcionadas y prácticas irregulares.
Los triciclos eléctricos, introducidos para suplir la falta de ómnibus y originalmente pensados para pequeñas cargas, se convirtieron en el eje de la movilidad: informes locales estiman que cerca del 80% del movimiento de personas depende hoy de estos vehículos y sus versiones de combustión. Aunque el Ministerio del Transporte autorizó su conversión para pasajeros, la falta de regulación efectiva y el incumplimiento de normativas han generado un escenario de ilegalidad, caos vial y tarifas excesivas. Muchos circulan sin licencia operativa.
Los conductores justifican los precios por el alto costo y la baja calidad de las baterías, además de ajustes por horario. La ciudadanía, sin embargo, rechaza pagar 200 CUP en tramos cortos —incluido el traslado de niños y adultos mayores desde barrios como O’Bourke o Pastorita hacia el Hospital Provincial— y califica los importes de especulativos.
La prensa oficialista reclama intervención estatal para contener “precios abusivos” en el sector privado, pero evita referirse al encarecimiento en divisas y la escasez en las tiendas de GAESA, señaladas por consumidores como otro factor que presiona el costo de vida. En medio de la crisis de transporte, Cienfuegos sigue dependiendo de un sistema precario y poco fiscalizado, con usuarios atrapados entre la necesidad de moverse y la falta de alternativas accesibles.
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