La Gaceta Oficial divulgó una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios que define los valores mínimos del suelo en propiedad para inmuebles de uso hotelero y turístico en varios polos del país, con el objetivo de “ordenar y actualizar” los precios de referencia en áreas de mayor desarrollo. La medida redefine cómo el Estado valora y negocia su patrimonio territorial frente al capital foráneo y marca una fase de monetización explícita del suelo nacional.
El esquema se aplicará de manera diferenciada en La Habana, Varadero, Holguín, Cayo Coco, Trinidad y Santiago de Cuba —entre otros polos— e incluye terrenos para instalaciones hoteleras, campos de golf, parques temáticos y proyectos inmobiliarios asociados al turismo internacional. La norma incorpora un coeficiente de corrección que ajusta el valor según la vigencia de los contratos de derecho de superficie o usufructo, habituales en pactos con inversión extranjera.
El rango fijado oscila entre 65 y 1.264 dólares por metro cuadrado, con el Vedado (La Habana) como zona de mayor valor. Incluso el municipio especial Isla de la Juventud figura entre las áreas habilitadas para la entrega de terrenos con fines turísticos. En paralelo, el país avanza en la legalización de una práctica extendida: conceder tierras en usufructo o superficie a empresas foráneas y también a personas físicas con residencia permanente en Cuba.
Existen precedentes: una firma vietnamita recibió más de 300 hectáreas en Pinar del Río para producción agrícola bajo usufructo y, en turismo, compañías extranjeras impulsan campos de golf e inmobiliarias en Bello Monte (La Habana), Guardalavaca (Holguín) y Varadero, con cesiones de uso por hasta 99 años y propiedad formal estatal.
Aunque no supone una “venta directa” de tierras —prohibida por la Constitución—, la resolución consolida la valorización del suelo estatal como activo mercantil explotable por capital extranjero mediante contratos prolongados. Para el gobierno, la política busca atraer liquidez y sostener la expansión turística en plena contracción económica y con ingresos por visitantes aún por debajo de niveles prepandemia.
El énfasis en la inversión hotelera contrasta, sin embargo, con el deterioro de servicios sociales como vivienda, salud y educación, y con la obsolescencia de infraestructuras en zonas sin atractivo turístico. Cuba se abre así al capital externo por necesidad y el suelo —esa franja de soberanía antes considerada intocable— empieza a cotizarse en dólares, en una “venta” sin traspaso de título que reconfigura la relación entre Estado, territorio y mercado.
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