El Concejo Municipal de Doral aprobó por unanimidad un acuerdo que permitirá a su policía colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), una decisión que ha generado fuerte rechazo entre activistas y miembros de la comunidad inmigrante.
La medida, que se implementará a través del programa 287(g), habilita a ciertos oficiales locales a realizar funciones limitadas relacionadas con inmigración, bajo supervisión federal. Este tipo de colaboración ha sido criticado en varias ciudades por generar temor entre las comunidades de inmigrantes.
En Doral, donde más del 70% de los residentes nacieron en el extranjero —y una proporción considerable es de origen venezolano—, la decisión ha provocado inquietud. “Muchos en nuestra comunidad están viviendo con miedo ante esta medida”, expresó una activista venezolana durante la sesión pública del Concejo.
Durante la reunión, realizada el miércoles por la noche, residentes y defensores de los derechos de los inmigrantes pidieron a las autoridades que reconsideraran su decisión. El activista Juan Cuba advirtió sobre el riesgo de colaborar con ICE en el contexto político actual. “Tenemos una administración que ha ignorado procesos judiciales. Participar con esta agencia ahora es muy preocupante”, señaló.
A pesar de los reclamos, la alcaldesa Cristi Fraga defendió el acuerdo, reconociendo el dilema ético que enfrenta la ciudad: “Moralmente es difícil, porque muchos de los que podrían verse afectados son personas que han contribuido enormemente a Doral. Pero nuestra primera obligación es respetar las leyes”.
Rafael Pineyro, concejal de origen venezolano, justificó la medida señalando que más de 90 agencias policiales en Florida ya han firmado acuerdos similares. “Nuestro objetivo es que esto se implemente de forma lógica y sensible, siempre con respeto a nuestra comunidad”, aseguró.
Algunos funcionarios, sin embargo, expresaron dudas sobre la legalidad del mandato. Maureen Porras, vicealcaldesa de Doral, planteó que sería prudente seguir el ejemplo de South Miami, ciudad que solicitó una revisión judicial antes de comprometerse con ICE. “Según nuestro abogado, es un mandato estatal y federal. Pero si no firmamos, podríamos enfrentar consecuencias. Aun así, es válido preguntarse si estos mandatos son realmente legales”, afirmó.
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