El gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha una nueva ley migratoria que impone un fuerte aumento en los costos de múltiples trámites migratorios, afectando especialmente a solicitantes de asilo, refugiados, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y quienes buscan la residencia permanente por vías legales. La legislación, llamada irónicamente Big Beautiful Bill, entró en vigor tras su firma y ya genera preocupación entre defensores de los derechos migratorios.
La medida contempla incrementos superiores al 40% en diversas gestiones, así como la creación de tarifas para procesos que hasta ahora eran gratuitos. El impacto será inmediato para miles de personas que enfrentan dificultades económicas y que recurren al sistema migratorio estadounidense buscando protección o reunificación familiar.
Tarifas para solicitantes de asilo y refugiados
Uno de los cambios más polémicos es el cobro de una tarifa de $100 por iniciar el trámite de asilo, un proceso que antes no tenía costo. A esto se suman $550 por el permiso de trabajo inicial, $100 anuales mientras el caso esté pendiente, y $275 por cada renovación del permiso, el cual tendrá ahora solo un año de vigencia.
Los solicitantes de refugio también enfrentarán un nuevo cobro: $1,000 por la solicitud de refugio, frente a los $630 anteriores. La renovación del permiso de trabajo, que era gratuita, ahora costará $275.
Golpe al TPS
Los beneficiarios del TPS también sentirán el impacto. La solicitud inicial, que antes costaba $50, ahora asciende a $550. El permiso de trabajo, que costaba $410, sube a $550, y la renovación de este permiso —antes sin costo— costará $275.
Nuevas tarifas para visas y apelaciones
La ley establece un nuevo cobro denominado "Costo por Integridad de la Visa", de $250 para quienes soliciten visas de no residentes. Aunque este monto podría ser reembolsado al finalizar la estancia si la persona cumple con las condiciones legales, la medida añade presión económica a quienes ya enfrentan múltiples obstáculos.
También se endurecen las reglas para quienes deseen apelar decisiones migratorias. Por primera vez, se exigirá el pago de $900 por presentar una apelación ante una decisión de un juez u oficial de inmigración. Este recurso legal, antes gratuito, es esencial para quienes enfrentan órdenes de deportación o errores en sus procesos.
Residencia permanente, ahora más costosa
Quienes busquen ajustar su estatus para obtener la residencia permanente por vínculos familiares ahora deberán pagar $1,500, en lugar de los $1,040 que costaba anteriormente este trámite.
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