Francisco Olivera, residente en California y padre de familia, dice sentirse traicionado. En 2024 votó por Donald Trump, convencido de que su política migratoria iba dirigida solo contra personas con historial criminal. Pero ahora, su esposa, Cynthia Olivera, enfrenta una deportación inminente, a pesar de haber vivido legalmente en el país durante décadas y no tener antecedentes penales.
Cynthia, de 45 años, llegó a Estados Unidos desde Canadá cuando tenía apenas 10 años. Aunque fue deportada en 1999, regresó meses después por la frontera de Tijuana y ha residido en el país desde entonces. En este tiempo ha formado una familia, criado a tres hijos ciudadanos estadounidenses y trabajado de forma honrada, pagando impuestos como cualquier otro residente.
“No puedo creer que esto nos esté pasando… Quiero recuperar mi voto”, confesó Francisco Olivera a la cadena local KGTV, visiblemente afectado por la situación que atraviesa su familia.
Cynthia fue arrestada el pasado 13 de junio cuando acudió a una entrevista programada con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Chatsworth, California. Buscaba avanzar en su proceso para obtener la residencia permanente. En lugar de una respuesta positiva, fue detenida por agentes de inmigración y enviada a un centro de detención en El Paso, Texas, donde hoy espera una posible deportación.
Pese a no tener historial criminal, Olivera se encuentra atrapada en una política migratoria cada vez más agresiva. Bajo la actual administración republicana, liderada nuevamente por Trump, se ha intensificado la ejecución de deportaciones, sin distinguir entre personas con antecedentes penales y quienes simplemente no cuentan con estatus legal.
Durante su campaña, Trump prometió “deportaciones masivas”, y su equipo lo ha llevado a cabo al pie de la letra. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el asesor de frontera Tom Homan han defendido públicamente que estar en el país sin documentos equivale a “romper la ley”, y que no habrá excepciones, ni siquiera para quienes llevan décadas construyendo una vida en EE.UU.
La paradoja en este caso es clara: la familia Olivera apoyó a un presidente que prometió medidas extremas contra la inmigración, sin imaginar que serían víctimas de esas mismas políticas. Incluso en 2024, bajo la administración saliente de Joe Biden, Cynthia había recibido un permiso de trabajo temporal mientras resolvía su estatus legal.
Ahora, con una orden de deportación sobre la mesa, su esposo e hijos luchan por evitar que sea enviada a un país que apenas conoce. Una petición en la plataforma change.org busca apoyo para frenar su expulsión.
“Estados Unidos es mi país. Aquí crecí, estudié, formé mi familia”, declaró Cynthia desde la detención.
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