La Comisión de la ciudad de Key West, en Florida, revirtió su decisión anterior y aprobó este martes por la noche, con una votación de 4 a 2, retomar su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el controvertido programa 287(g), que permite a las autoridades locales actuar como agentes migratorios.
Este giro se produce luego de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, enviara una carta el pasado 2 de julio a los comisionados de la ciudad exigiendo que volvieran a los acuerdos o enfrentarían posibles sanciones, incluida su remoción del cargo. En su misiva, Uthmeier advirtió que negarse a colaborar con ICE podría constituir una violación de la ley estatal que prohíbe a los gobiernos locales convertirse en “ciudades santuario”.
El programa 287(g), instaurado en 1996, faculta a ICE para firmar memorandos de entendimiento con agencias estatales y locales, permitiéndoles aplicar la ley federal de inmigración. Esto incluye la capacitación de agentes locales para realizar funciones como interrogatorios para determinar el estatus migratorio de las personas detenidas y la emisión de órdenes de detención para que los individuos permanezcan encarcelados hasta que ICE los asuma.
Florida se ha convertido en el único estado del país en el que los 67 condados han firmado acuerdos 287(g) a través de sus oficinas del sheriff. La decisión de Key West de retirarse temporalmente del programa el mes pasado rompía con esta uniformidad estatal, lo que desató una fuerte reacción por parte de las autoridades estatales.
La reciente aprobación de volver a adherirse al acuerdo 287(g) refleja el aumento de la presión política del gobierno de Ron DeSantis sobre los gobiernos locales en Florida para que mantengan una política migratoria estricta. La amenaza de sanciones por parte del fiscal general muestra el nivel de coerción institucional utilizado para asegurar el cumplimiento con la agenda migratoria estatal.
Críticos del programa señalan que la colaboración entre agencias locales y federales en temas migratorios puede llevar a abusos, discriminación racial y erosión de la confianza entre las comunidades migrantes y la policía local. Defensores, por su parte, argumentan que el programa fortalece la seguridad pública al permitir que las autoridades locales colaboren directamente en la remoción de inmigrantes con antecedentes penales.
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