El gobierno de Donald Trump lanzó esta semana una advertencia directa a los portadores de la tarjeta de residencia permanente —conocida como “green card”— que tengan antecedentes penales. A través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recordó que tener una “green card” es un privilegio, no un derecho garantizado.
“Poseer una tarjeta verde es un privilegio, no un derecho. Tener antecedentes penales no los convierte en residentes permanentes legales de buena reputación”, advirtió CBP en su comunicado oficial, dejando claro que incluso quienes ya tienen estatus legal pueden ser detenidos y deportados si violan las leyes estadounidenses.
La agencia enfatizó que el gobierno tiene plena autoridad para revocar este estatus migratorio cuando un residente permanente comete delitos graves o incurre en fraude. Aunque el mensaje no detalló los tipos de delitos específicos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que infracciones como violencia, tráfico de drogas, fraude migratorio y otros delitos considerados "graves" pueden ser causa suficiente para iniciar un proceso de deportación.
“Además de los procedimientos de deportación, los residentes permanentes legales que se presenten en un puerto de entrada estadounidense con antecedentes penales pueden estar sujetos a detención obligatoria”, agregó la CBP, haciendo énfasis en que estos controles también se aplican al momento de reingresar al país desde el extranjero.
El mensaje generó preocupación en muchas comunidades migrantes, especialmente entre quienes han tenido problemas legales en el pasado. Expertos en inmigración recuerdan que una tarjeta de residencia permanente no garantiza inmunidad frente a las leyes penales y migratorias de EE. UU., y que una condena previa, incluso si ya se cumplió la pena, puede reactivarse en el contexto de un control fronterizo.
El USCIS establece además ciertas obligaciones que los residentes permanentes deben cumplir, entre ellas:
Obedecer todas las leyes federales, estatales y locales.
Presentar declaraciones de impuestos y reportar sus ingresos al IRS y autoridades fiscales estatales.
No votar en elecciones federales, estatales ni locales, aunque se espera que apoyen el sistema democrático.
Registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo si son hombres entre 18 y 25 años.
Abogados de inmigración recomiendan a los residentes permanentes que hayan tenido roces con la justicia que busquen asesoría legal antes de salir del país o al considerar un proceso de naturalización. En muchos casos, explican, es posible preparar una defensa o mitigar consecuencias si se actúa con anticipación.
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