Un nuevo caso de robo de productos de la canasta básica sacude a La Habana, donde varios administradores y sus cómplices fueron detenidos por sustraer alimentos destinados a la población. El hecho ocurrió en el reparto San Francisco de Paula, en el municipio San Miguel del Padrón, y ha sido divulgado por perfiles en redes sociales afines al régimen cubano.
Según los reportes, los implicados fueron sorprendidos en flagrante delito mientras trasladaban sacos de arroz y chícharos desde una bodega estatal hacia un vehículo, con el propósito de comercializarlos de forma ilícita. Tras una revisión del local y de las viviendas de los administradores, las autoridades contabilizaron al menos 29 sacos de arroz y 15 de chícharos fuera del control oficial, una cantidad significativa en medio de la profunda escasez que vive la isla.
Aunque las publicaciones oficiales intentan destacar la acción de la policía y las autoridades de comercio como una muestra de control, el incidente revela una realidad cada vez más extendida en el país: el robo sistemático al Estado como vía de subsistencia o enriquecimiento informal.
En un contexto de aguda crisis económica, con salarios que no alcanzan para cubrir necesidades mínimas y una canasta básica que llega incompleta o con meses de retraso, la demanda por alimentos en el mercado informal se ha disparado. Productos como el arroz, los chícharos o el aceite son vendidos a precios muy superiores a los normados, pero aun así encuentran salida inmediata entre la población desesperada.
Este tipo de hechos no son aislados. Casos similares han sido reportados en otras provincias, como Granma, donde recientemente un programa oficial de televisión mostró cómo se desviaban toneladas de alimentos desde almacenes estatales. Sin embargo, más allá de las detenciones y el discurso de "mano dura", el fenómeno evidencia el profundo descontrol administrativo y la falta de mecanismos efectivos de supervisión dentro del sistema de distribución en Cuba.
Además, la extrema necesidad de la población, la corrupción institucional y la falta de incentivos para los trabajadores estatales contribuyen a que este tipo de delitos se repita constantemente. La figura del administrador de bodega, una vez asociada al control estricto de los recursos, hoy se encuentra muchas veces relacionada con prácticas ilícitas o redes de desvío de mercancías que abastecen al mercado negro.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan recibiendo cada vez menos por su libreta de abastecimiento, soportando colas interminables, retrasos y la incertidumbre de no saber cuándo podrán acceder nuevamente a productos básicos.
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