La organización independiente Justicia 11J criticó las declaraciones de Ismael González Sánchez, fiscal municipal de Ciro Redondo, en Ciego de Ávila, quien defendió el uso de brigadas de respuesta rápida para enfrentar manifestaciones por los constantes cortes eléctricos en Cuba. Durante una intervención televisiva, González Sánchez calificó la actuación de estas brigadas como "eficiente", lo que provocó indignación entre defensores de derechos humanos.
Raúl Enrique Medina, portavoz de Justicia 11J, señaló que estas declaraciones evidencian la continuidad de las tácticas represivas del régimen. “Aunque intenten proyectar una narrativa de tolerancia hacia las protestas, recurren al mismo esquema de represión que han sostenido por décadas”, comentó a Martí Noticias.
El 7 de noviembre, residentes de El Eucalipto, en Ciro Redondo, salieron a las calles para exigir el restablecimiento del suministro eléctrico, interrumpido por más de 24 horas. En respuesta, llegaron las brigadas de respuesta rápida, integradas por miembros del Partido Comunista y otras organizaciones afines al gobierno. Aunque supuestamente intentaron “explicar la situación energética del país”, el enfrentamiento incluyó agresiones físicas, según reportes no detallados.
El fiscal González Sánchez confirmó la detención de cinco personas mayores de edad, sin revelar sus nombres. Justicia 11J, por su parte, identificó a tres detenidos: Adiane Hernández Calderón, Yordanka López González y Diosbany Almaguer, quienes enfrentan prisión preventiva. Además, las autoridades imputaron cargos como desórdenes públicos, daños y actos contra el desarrollo de menores, aumentando la tensión en la localidad.
Las brigadas de respuesta rápida, activas desde la década de 1990, están diseñadas para sofocar protestas mediante tácticas de intimidación. Justicia 11J denuncia que estas acciones, junto con el arresto de manifestantes, representan una escalada en la represión contra los movimientos pacíficos.
En un contexto de apagones prolongados y una crisis energética sin precedentes, las protestas se han multiplicado en distintas provincias. La Fiscalía General de la República también confirmó detenciones recientes en La Habana y Mayabeque, vinculadas a manifestaciones tras el paso del huracán Rafael.
“Cuando los ciudadanos no aceptan las excusas y mantienen su protesta pacífica, la respuesta final del régimen es la represión directa, el terror judicial y la persecución de los testigos”, enfatizó Medina.
La creciente criminalización de las protestas en Cuba refuerza la preocupación sobre el cierre del espacio cívico y el uso sistemático de tácticas de intimidación. Mientras tanto, el régimen sigue apelando a medidas que buscan sofocar cualquier expresión de descontento popular.
(Con información de Martí Noticias)
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