Los trabajadores privados y otras "nuevas formas de gestión estatal y no estatal" podrán arrendar locales del comercio en Cuba para vender bienes y servicios siempre en pesos cubanos (CUP), informaron este lunes funcionarios del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).
La licitación del arrendamiento de los establecimientos del comercio se hace "en aras de ampliar y mejorar los servicios y ofertas con el rescate de unidades cerradas por razones diversas, o con pobre desempeño", reportó este lunes la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
En Cuba podrán arrendar locales de Comercio los actores locales, las formas productivas de la agricultura, los trabajadores del establecimiento que se licita, los trabajadores por cuenta propia, las micro, pequeñas y medianas empresas, los proyectos de desarrollo local y las cooperativas no agropecuarias, aclaró Yesnisleydis Anazagate Traba, asesora jurídica del MINCIN.
Los interesados no podrán solicitar algún establecimiento en licitación si son residentes o tienen domicilio social en otra provincia, han cometido fraude o engaño en algún procedimiento de licitación, han sido sancionado por delitos contra la economía o los derechos patrimoniales, o han sido separado del sistema del Comercio como medida disciplinaria.
El procedimiento para la licitación del arrendamiento de establecimientos del sistema del comercio interior está establecido en la Resolución 40/2022 del MINCIN, publicada en la Gaceta Oficial N.º 31 Extraordinaria el 21 de abril de 2022.
Las Asambleas Municipales del Poder Popular serán las encargadas del proceso porque les corresponde aprobar el reordenamiento de la red minorista, lo cual debe ocurrir en las sesiones de mayo y junio, dijo Yosvany Pupo Otero, viceministro del organismo en una conferencia de prensa.
Los consejos de la Administración municipales realizarán o anunciarán la convocatoria del inicio de los procesos de licitación de arrendamiento de los centros de subordinación local, y que incluye venta de mercancías, gastronomía y los servicios, entre otros.
Cada empresa de comercio municipal deberá conformar la cartera de inmuebles propuestos a arrendar, funcionando o cerrados, y también crear una comisión que ejecutará el proceso, el cual dura 30 días hábiles.
"Los interesados en alguno de los locales en licitación deberán presentar proyectos que en esencia preserven los servicios básicos de la población, así como generen empleos, promuevan la inclusión social, y estimulen y consoliden costumbres y tradiciones de la comunidad, en consonancia con la Estrategia de Desarrollo Local", señaló Pupo.
El viceministro de Comercio Interior señaló que cuando se apruebe o acuerde la licitación de un local "debe partir de principios como mantener y rescatar los servicios básicos de la población, definir el término en que se prevé lograrlo, incluidos el confort e imagen de la instalación, y mantener o recuperar en las unidades emblemáticas las ofertas que las distinguen".
Así mismo, los arrendatarios deben cumplir con "la elevación de la calidad de los servicios, con precios favorables a la población, y una estructura y sostenibilidad de las ofertas". En los contratos de arrendamiento deben quedar precisados los precios o tarifas minoristas que se decidan regular por la autoridad facultada y los horarios de servicios.
El MINCIN puntualizó que el contrato se rescinde o cancela ante el incumplimiento del pago de las tarifas acordadas o de los compromisos establecidos, por emplearse el inmueble para hechos ilícitos o darle otro uso al acordado, por subarrendarse sin solicitar autorización, y por la ocurrencia de manifestaciones delictivas o de corrupción.
"En los locales que necesitan reparación o mantenimiento, las acciones constructivas deberán ejecutarse antes de su explotación, y no pueden exceder el plazo de un año", dijo Yesnisleydis Anazagate Traba, asesora jurídica del MINCIN.
"La persona seleccionada para participar en la licitación presenta los documentos acreditativos otorgados por los organismos rectores, en tanto la principal fuente de aseguramiento radica en la autogestión y los encadenamientos con otros actores económicos".
Son principios del procedimiento de licitación la transparencia y publicidad, o sea, que se conozcan las acciones y decisiones para un efectivo control social y popular; la igualdad en el sentido de que los participantes tengan iguales derechos y oportunidades, la competencia de poder participar, y la eficiencia y razonabilidad al seleccionarse la oferta más conveniente para el interés público, reseñó la ACN.
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