En un nuevo episodio del acoso sistemático contra el sector privado en Cuba, las autoridades del municipio Bauta, en la provincia de Artemisa, detuvieron a un Trabajador por Cuenta Propia (TCP) por supuestamente adquirir mercancía “de forma fraudulenta”. La historia, relatada con tono triunfalista por fuentes oficialistas, revela una vez más cómo el régimen sigue entorpeciendo cualquier intento de iniciativa económica independiente.
El hecho ocurrió cuando la policía detuvo un camión cargado de detergente que había sido adquirido en los almacenes de CIMEX, una de las principales cadenas de tiendas en divisas controladas por el Estado cubano. El TCP presentó la documentación correspondiente, pero los agentes, tras una revisión, alegaron que su licencia no lo autorizaba para dicha actividad comercial. Con ese pretexto, procedieron a confiscar toda la mercancía, evitando —según el discurso oficial— que “el detergente llegara al mercado negro”.
Más allá de la retórica propagandística que busca justificar esta acción como un logro policial, el caso evidencia el carácter contradictorio y restrictivo del sistema económico cubano. Mientras el régimen promueve formalmente la expansión del sector no estatal como salida a su ineficiencia crónica, en la práctica impone un marco legal lleno de trabas, requisitos absurdos y burocracia que penaliza a quienes intentan operar fuera del corsé oficial.
En lugar de fomentar el abastecimiento de productos básicos mediante la colaboración con los emprendedores, el Estado opta por reprimirlos, tildando de “actividad económica ilícita” cualquier esfuerzo que escape a su control centralizado. El detergente decomisado no iba destinado a actividades criminales, sino —con toda probabilidad— a suplir una demanda insatisfecha en una población que vive en constante escasez.
Lo más preocupante del caso es que ahora las autoridades hablan de investigar una “posible cadena delictiva”, como si se tratara de un cartel de contrabando y no de un cubano tratando de ganarse la vida vendiendo productos de limpieza. Una vez más, se criminaliza al que produce, al que comercia, al que intenta salir adelante en medio de una crisis sin precedentes.
Este episodio revela la verdadera esencia del modelo cubano: no es solo incapaz de garantizar un mercado abastecido, sino que además persigue a quienes intentan llenar ese vacío desde la iniciativa personal. El mensaje es claro: solo el Estado tiene derecho a lucrar, aunque lo haga mal y a costa del sufrimiento de millones.
Mientras tanto, los ciudadanos seguirán viendo los estantes vacíos y pagando precios exorbitantes en la economía informal. Y todo porque, para la dictadura, es preferible reprimir que reformar, castigar que permitir, controlar que liberar.
Así, en lugar de avanzar hacia una economía más abierta, Cuba se sumerge cada vez más en la contradicción: un país donde el verdadero delito es intentar trabajar.
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