El gobierno cubano ha atribuido el aumento de personas en situación de calle en Santiago de Cuba a la desatención familiar y al endurecimiento del embargo estadounidense. Esta versión fue recogida en un reportaje del periódico oficialista Sierra Maestra, donde el director provincial de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto González Ojea, ofreció declaraciones sobre el fenómeno creciente de los llamados "deambulantes".
Según González, el actual contexto económico —agravado por “el recrudecimiento de la política hostil del gobierno de Estados Unidos”— ha limitado el acceso a productos esenciales como alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad.
No obstante, más allá de los factores externos, el funcionario apuntó también a la falta de atención de las propias familias como una de las principales causas del problema. Alegó que muchas incumplen lo dispuesto en el nuevo Código de las Familias aprobado en 2022, que establece deberes claros hacia los miembros vulnerables del núcleo familiar.
El gobierno ha intentado responder a esta situación mediante la habilitación de centros como "Con-Pasión", ubicado en la calle Heredia, y el Centro de Protección Social en El Viso, en el poblado de El Caney.
Estos espacios ofrecen atención médica, alojamiento temporal y programas de reinserción. Además, el Sistema de Atención a las Familias opera en todos los municipios proporcionando alimentación básica y asesoría legal.
Pese a estas medidas, el enfoque oficial ha sido fuertemente criticado en redes sociales y foros independientes, donde muchos señalan que la mendicidad creciente no puede explicarse solo por el embargo ni por el abandono familiar.
La falta de oportunidades, la precariedad salarial, la inflación descontrolada, los apagones prolongados y la escasez generalizada forman parte de un panorama interno cada vez más desesperante, consecuencia directa —según analistas y ciudadanos— de las políticas del propio régimen.
La mendicidad, anteriormente un fenómeno poco visible, ha aumentado en ciudades como La Habana, Holguín y Santiago. Entre los afectados hay personas con enfermedades mentales, problemas de alcoholismo y, de forma cada vez más frecuente, ancianos con pensiones insuficientes que se ven obligados a vivir o trabajar en la calle para sobrevivir.
El discurso oficial sigue eludiendo responsabilidades estructurales mientras amplios sectores de la población exigen soluciones reales a una crisis que ya desborda lo asistencial.
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