El crimen organizado y la violencia se han consolidado como los principales frenos al desarrollo económico en América Latina y el Caribe, de acuerdo con un reciente informe del Banco Mundial (BM).
Bajo el título “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”, el reporte destaca que la región enfrentará un crecimiento económico mediocre —con proyecciones del 2,1 % en 2025 y 2,4 % en 2026— mientras no se contenga la escalada delictiva.
A pesar de representar solo el 9 % de la población mundial, América Latina concentra cerca de un tercio de los homicidios globales. Las tasas de homicidio son ocho veces más altas que el promedio mundial y las de victimización general —que incluyen delitos violentos y contra la propiedad— triplican las de otras regiones.
El informe atribuye este fenómeno a varios factores: la creciente demanda global de bienes ilegales, la reconfiguración de redes criminales tras intervenciones estatales, y el impacto de la pandemia, que fortaleció a estas estructuras en zonas con débil presencia gubernamental.
Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del BM para la región, afirmó que “el crimen organizado ya no es un problema local: se ha convertido en una amenaza regional que requiere soluciones colectivas y coordinadas”.
La inseguridad tiene un impacto directo en la economía. La violencia incrementa los costos operativos para las empresas, reduce la inversión y desvía recursos públicos de sectores clave como salud y educación.
Para revertir esta tendencia, el Banco Mundial insta a fortalecer la capacidad estatal mediante reformas policiales, penitenciarias y judiciales. También subraya el papel de las políticas económicas en la prevención del delito, fomentando el empleo juvenil a través de educación y formación. Además, recomienda generar datos periódicos y comparables para diseñar políticas públicas eficaces y sostenibles.
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