El reciente asalto a la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Santiago de Cuba ha revelado, una vez más, la brutalidad con la que el régimen castrista responde a cualquier expresión de lucha por la libertad y la dignidad humana.
En un operativo desmedido, fuerzas de la policía política, la PNR y otros cuerpos represivos irrumpieron en la vivienda del líder opositor José Daniel Ferrer, arrestando violentamente a todos los presentes, incluyendo a su esposa, hijo menor y varios activistas. La ofensiva no solo fue un acto represivo, sino también un castigo directo por una labor que el Estado ignora deliberadamente: alimentar a los hambrientos.
La sede de UNPACU funcionaba como un centro humanitario en medio de la profunda crisis social que asfixia al pueblo cubano. Allí se distribuían alimentos y medicinas, gracias al apoyo de familiares, amigos y el exilio. Esa labor solidaria, lejos de ser reconocida, fue motivo de persecución.
Ferrer, con una larga trayectoria pacífica y una condena moral incuestionable contra la dictadura, representa una amenaza para un régimen que no tolera voces libres ni acciones que pongan en evidencia su fracaso.
La arremetida actual forma parte de un patrón sostenido de hostigamiento. Desde su excarcelación, Ferrer fue víctima de una campaña de descrédito promovida desde medios oficiales y redes manipuladas por agentes del régimen.
Con mentiras y odio, buscaron justificar lo injustificable: su reclusión y la confiscación de recursos vitales para la población vulnerable.
La dictadura ha revocado su libertad condicional bajo pretextos legales absurdos, ignorando los acuerdos que facilitaron su excarcelación previa. Su detención se da en un contexto de violencia política selectiva, donde ayudar al prójimo equivale a desafiar el poder absoluto del Estado.
Mientras tanto, la comunidad internacional, defensores de derechos humanos y exiliados cubanos alzan la voz, exigiendo la liberación de Ferrer y el fin del acoso sistemático contra quienes luchan pacíficamente por un futuro libre.
Lo ocurrido en Altamira no es un hecho aislado: ¡es el reflejo de un asedio feroz contra la esperanza, la solidaridad y la libertad!