El líder opositor cubano José Daniel Ferrer fue arrestado nuevamente este martes 29 de abril por fuerzas de seguridad del régimen, en un operativo represivo llevado a cabo en la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en Santiago de Cuba. La información fue confirmada por su hermana, Ana Belkis Ferrer, a través de redes sociales y posteriormente corroborada por el Tribunal Supremo Popular.
En su mensaje, Ana Belkis denunció que, además de su hermano, también fueron detenidos la esposa de Ferrer, Nelva Ismarays Ortega, su hijo menor y varios activistas. Todos fueron conducidos a paradero desconocido, sin que hasta ahora se conozcan detalles sobre su situación jurídica o estado de salud. “La dictadura cubana ha vuelto a actuar con violencia y cobardía. Exigimos la libertad inmediata de todos los arrestados”, expresó.
Un documento firmado por Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, justificó la detención aludiendo a la revocación de una medida de libertad condicional que se le había otorgado a Ferrer en enero de 2025. Según el texto, Ferrer incumplió con las condiciones establecidas, entre ellas presentarse ante un tribunal en dos ocasiones, el 28 de enero y el 7 de febrero. El opositor habría anunciado públicamente su negativa a comparecer.
El fallo original, dictado en 2020, lo condenaba a cuatro años y medio de prisión por “privación ilegal de libertad y lesiones”. No obstante, Ferrer cumplía la pena fuera de un penal bajo un régimen de libertad supervisada. La supuesta reincidencia en violaciones de las reglas impuestas habría motivado su reingreso en prisión.
La detención ocurre en un contexto de creciente represión contra UNPACU. En las últimas semanas, según denuncias de diversas organizaciones como Prisoners Defenders y el Consorcio Justicia Cuba, el régimen ha efectuado más de 350 arrestos, principalmente de personas vulnerables que reciben ayuda humanitaria en el comedor social y centro médico dirigido por Ferrer y su esposa.
Estas acciones estarían destinadas a boicotear la labor de UNPACU, que en tres meses ha logrado entregar más de 30.000 servicios de alimentos y asistencia médica a personas necesitadas en Santiago de Cuba. El régimen, denuncian, ha respondido con una ofensiva brutal, intimidando a los beneficiarios y persiguiendo a los colaboradores.
El propio Ferrer había alertado el 17 de abril sobre una ola de arrestos selectivos contra quienes trabajan con la organización. En declaraciones a medios independientes, relató que algunos colaboradores fueron golpeados, despojados de sus pertenencias o forzados a grabar videos de retractación bajo amenaza de agresiones sexuales.
“Están tratando de infiltrar colaboradores que puedan sabotear desde dentro, envenenar alimentos o provocar daños en las instalaciones. Es una ofensiva despiadada contra los más pobres”, denunció.
La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han vuelto a alzar la voz pidiendo la liberación inmediata de Ferrer y el fin del hostigamiento a UNPACU. Con este nuevo episodio, el régimen cubano refuerza su patrón de represión contra voces críticas, incluso aquellas que se dedican a brindar ayuda humanitaria.
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