Las políticas migratorias de Estados Unidos siguen generando polémica tras conocerse que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportaron recientemente a varias madres inmigrantes y a sus hijos, tres de los cuales son ciudadanos estadounidenses, sin darles la oportunidad de acceder a una defensa legal o a despedirse de sus familias.
En cuestión de días, una madre cubana fue separada de su hija de un año, y tres menores estadounidenses —de 2, 4 y 7 años— fueron enviados a Honduras junto a sus madres hondureñas, una de ellas embarazada, sin considerar las graves implicaciones legales y humanitarias.
Según informaron sus abogados y organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración, las deportaciones fueron llevadas a cabo con una celeridad inusual. Las familias fueron detenidas durante citas rutinarias en oficinas de ICE y, sin previo aviso, fueron subidas a aviones de deportación en menos de 72 horas.
Uno de los casos más estremecedores involucra a un niño ciudadano estadounidense que padece una forma rara de cáncer metastásico. A pesar de que sus abogados notificaron a ICE sobre la necesidad urgente de tratamiento y medicación, el niño fue deportado sin ningún tipo de asistencia médica ni consulta previa con sus médicos.
En otro caso, un juez federal de Luisiana, Terry Doughty, expresó su desconcierto cuando se enteró de que una niña de 2 años había sido deportada sin su consentimiento, mientras aún se discutía en el tribunal quién debía tener su custodia. El padre de la menor había pedido que permaneciera con él en EE.UU., pero ICE procedió con la deportación sin esperar el fallo judicial.
Gracie Willis, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, señaló que las familias ni siquiera tuvieron la oportunidad de tomar decisiones informadas. "Las madres no pudieron decidir si querían que sus hijos se quedaran en EE.UU. con sus padres o familiares. Las deportaciones se ejecutaron sin más, violando sus derechos", explicó.
La ACLU calificó estas acciones como un "abuso de poder" y alertó sobre una tendencia alarmante de deportaciones aceleradas que violan los derechos tanto de inmigrantes como de ciudadanos estadounidenses.
Además, en uno de los casos, ICE había prometido a los abogados un plazo de 48 horas para organizar llamadas legales, pero la agencia cambió de planes repentinamente y deportó a la familia a primera hora del día siguiente, antes de que los tribunales pudieran intervenir.
Las deportaciones bajo la administración de Donald Trump ya habían sido criticadas por organizaciones de derechos humanos por su falta de transparencia y rapidez. Sin embargo, estos casos recientes muestran un nuevo nivel de urgencia y cuestionan hasta qué punto se están respetando los derechos constitucionales de los ciudadanos más vulnerables.
El debate continúa en los tribunales, pero para estas familias la justicia llegó demasiado tarde.
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