La creciente crisis económica en Cuba continúa generando un alarmante incremento de actividades ilegales, muchas de las cuales involucran incluso a trabajadores del sector estatal. Esta semana, un hecho ocurrido en Manzanillo, provincia de Granma, puso en evidencia cómo la escasez, la falta de control institucional y la desesperación ciudadana están alimentando un ecosistema de ilegalidad cada vez más visible en las calles del país.
De acuerdo con información publicada por medios oficialistas vinculados a la policía un chofer que manejaba un vehículo perteneciente a una empresa estatal fue sorprendido con una gran carga de productos y efectivo sin respaldo legal alguno.
El operativo ocurrió cerca de la carretera del Cementerio en Manzanillo, donde un grupo de personas en una parada fue testigo del momento en que las autoridades detuvieron el carro para realizar una inspección. Para su sorpresa, los agentes hallaron cinco cajas de cartón que contenían más de 3.000 cajetillas de cigarros criollos y alrededor de 200.000 pesos cubanos en efectivo.
Según la denuncia publicada por los medios oficialistas, el chofer no pudo justificar ni el origen del tabaco ni del dinero, lo que sugiere que podría tratarse de una operación de tráfico ilícito o de desvío de recursos estatales, un delito que ha cobrado fuerza en los últimos años.
Este hecho no es aislado. En todo el país se reportan con frecuencia incidentes similares, donde se decomisan productos altamente demandados —como tabaco, café, medicamentos o carne de res—, almacenados o transportados fuera de los canales legales. Aunque las autoridades se esfuerzan por exhibir estas incautaciones como parte de su lucha contra el delito, lo cierto es que reflejan una realidad más profunda: el deterioro del aparato económico nacional y la proliferación de redes informales de comercio.
Los perfiles oficialistas, muchas veces cercanos a la policía o a estructuras de vigilancia del régimen, han intensificado la divulgación de estos casos en redes sociales, quizás con la intención de desalentar la participación ciudadana en estas prácticas. Sin embargo, lejos de generar confianza, estas publicaciones evidencian cómo el colapso económico empuja a muchas personas —incluso trabajadores del propio Estado— a participar en actividades ilegales como mecanismo de subsistencia o enriquecimiento rápido.
El caso de Manzanillo también pone en entredicho la transparencia y vigilancia interna de las empresas estatales, donde el control sobre bienes y personal parece debilitado. Que un vehículo del Estado sea utilizado para transportar mercancías y dinero sin respaldo legal es un reflejo claro del deterioro del orden institucional y del descontrol que reina en muchas entidades públicas.
La falta de productos básicos, la inflación desbordada, los salarios insuficientes y las oportunidades casi nulas para el progreso individual dentro del sistema oficial han creado las condiciones perfectas para el auge del mercado informal y las conductas delictivas.
Mientras tanto, las respuestas del régimen siguen enfocadas más en la represión que en atender las causas estructurales del problema. En un país donde lo legal no alcanza para sobrevivir, cada vez son más quienes ven en la ilegalidad una vía de escape frente al colapso.