El Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa una de sus crisis más profundas tras la filtración de audios que comprometen a altos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en un escándalo de corrupción. Mientras la indignación crece y las exigencias de responsabilidad se multiplican, el presidente del Gobierno español se niega a convocar elecciones anticipadas y asegura que agotará su mandato hasta 2027.
La polémica gira en torno al llamado "caso Ábalos", donde aparecen implicados el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Según informes de la Guardia Civil, se habrían gestionado sobornos por más de 600.000 euros, de los cuales aún quedarían 450.000 por pagar. En las grabaciones, Cerdán habla de repartir dinero y gestionar contratos, todo bajo el paraguas de empresas vinculadas al Estado.
Sánchez, golpeado por la magnitud de los hechos y el perfil de los involucrados —dos de sus colaboradores más cercanos—, pidió disculpas públicas pero se limitó a anunciar cambios internos sin asumir mayores responsabilidades. A pesar del descontento social y la presión de figuras dentro y fuera del PSOE, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que pidió elecciones anticipadas, el mandatario se mantiene firme en su decisión de no dimitir.
La postura de Sánchez depende, en gran medida, de la estabilidad de su frágil coalición. Su permanencia en La Moncloa fue posible gracias a una alianza con partidos de izquierda como Sumar, así como con nacionalistas vascos y catalanes, incluyendo a Junts, quienes ya han condicionado su apoyo a concesiones políticas claves, como la ley de amnistía para líderes independentistas del procés.
En este contexto, los socios de gobierno han exigido explicaciones, pero, hasta el momento, no han retirado su respaldo, probablemente por intereses estratégicos. La oposición, liderada por el Partido Popular, no ha logrado capitalizar del todo la crisis, debido a su escasa capacidad de articular una mayoría sin depender de Vox, partido con el que muchos se niegan a colaborar.
Además, el escándalo no solo rodea al círculo político de Sánchez. Su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez, también enfrentan investigaciones que podrían agravar aún más la situación del presidente. Aunque Sánchez ha insistido en que desconocía las acciones corruptas de sus allegados, el discurso de victimización frente a una supuesta ofensiva mediática y judicial pierde eficacia ante la acumulación de evidencias.
En lugar de asumir el desgaste institucional y abrir paso a nuevas elecciones, Sánchez ha optado por atrincherarse en el poder, apostando a la debilidad de la oposición y al silencio cauteloso de sus aliados. Sin embargo, la presión judicial, la indignación ciudadana y las grietas internas en el PSOE podrían marcar el principio del fin para un gobierno cada vez más aislado y señalado por la corrupción.
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