La Administración de Donald Trump inició un proceso para ampliar significativamente sus restricciones migratorias, contemplando incluir a ciudadanos de 36 nuevos países en un veto de entrada a Estados Unidos.
Esta medida, aún en fase de deliberación según un memorando interno citado por The Washington Post, forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el control migratorio y la seguridad nacional. Entre las naciones contempladas se encuentran países africanos, asiáticos, caribeños y de Oceanía, incluyendo algunos socios históricos de Washington como Egipto y Yibuti.
El documento, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, advierte que los países afectados tienen 60 días para cumplir con exigencias específicas, entre ellas la emisión de documentos de identidad fiables y la colaboración en deportaciones. El incumplimiento de estas condiciones podría acarrear “la suspensión total o parcial de la entrada” de sus ciudadanos a territorio estadounidense.
La ofensiva migratoria de Trump no solo amplía las prohibiciones impuestas el 9 de junio a 12 países, sino que se perfila como una de las acciones más amplias y controversiales en política exterior de su nuevo mandato. Más de 25 de los 36 países propuestos pertenecen al continente africano, lo que ha generado ya reacciones diplomáticas discretas en varias capitales.
Los países africanos que podrían ser afectados incluyen a Nigeria, Sudán del Sur, Tanzania, Etiopía, entre otros. En Asia, aparecen naciones como Siria y Camboya; en el Caribe, figuran Antigua y Barbuda, Santa Lucía, y otros; y en Oceanía, se incluyen Tonga y Tuvalu. Muchos de estos países ya enfrentan desafíos institucionales y económicos, y la medida podría empeorar sus relaciones con Estados Unidos.
Las razones esgrimidas por la Administración Trump van desde la “seguridad cuestionable” de los pasaportes hasta la supuesta implicación de ciudadanos en actividades “terroristas”, “antisemitas” y “antiestadounidenses”. No obstante, el mismo memorando reconoce que estas acusaciones no se aplican de forma uniforme a todos los países incluidos.
Este nuevo paso refleja una vuelta a las políticas más duras del primer mandato de Trump, cuando impuso una prohibición de entrada a viajeros de siete países de mayoría musulmana, respaldada posteriormente por la Corte Suprema en 2018. Ahora, su enfoque se expande no solo geográficamente, sino también en los criterios justificativos del veto.
La medida, de concretarse, provocaría implicaciones diplomáticas de gran alcance y afectaría a miles de personas que buscan ingresar a EE. UU. por razones familiares, laborales o humanitarias.
La lista de los países que podrían enfrentar una prohibición total o parcial si no abordan estas preocupaciones en los próximos 60 días son: Angola, Antigua y Barbuda, Benin, Bután, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Yibuti, Dominica, Etiopía, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, Kirguistán, Liberia, Malawi, Mauritania, Níger, Nigeria, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia y Zimbabwe.
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