Trump no descansa. El presidente Donald Trump prosigue con su política migratoria sin importarle la opinión de millones de personas. Ahora, una nueva orden se pone en marcha con redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en tres de las ciudades más pobladas y diversas de Estados Unidos: Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
La medida fue anunciada la víspera a través de sus redes sociales, donde Trump la calificó como “el mayor programa de deportaciones en la historia del país”.
Esta ofensiva ocurre en medio de protestas crecientes por parte de organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes que acusan al gobierno de criminalizar la migración. Las redadas, según datos de la Casa Blanca, buscarán realizar al menos 3.000 arrestos diarios, quintuplicando el promedio de detenciones registradas durante los primeros meses del mandato actual.
"Millones y millones de extranjeros ilegales residen en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York", escribió Trump, con un tono que genera tanto apoyo de sectores conservadores como una oleada de rechazo entre defensores de los migrantes.
La elección de estas ciudades no es casual: son territorios donde las comunidades latinas y progresistas tienen fuerte presencia, y donde las autoridades locales han declarado su oposición abierta a colaborar con ICE.
Tanto el alcalde de Nueva York como funcionarios en Chicago y Los Ángeles han reiterado que no apoyarán acciones que contradigan sus políticas de inclusión y respeto a los derechos civiles. Además, han prometido apoyo legal a las personas afectadas por las redadas, reforzando una línea de resistencia institucional frente al gobierno federal.
En medio de esto, Trump busca endurecer el discurso migratorio sin afectar sectores clave de la economía. A pesar de la agresividad con la que se ha planteado esta nueva fase de redadas, la administración ha excluido intencionalmente a sectores estratégicos de la economía como la agricultura, el turismo y la restauración. Granjas, hoteles y restaurantes, todos dependientes en gran medida de trabajadores migrantes, no serán blanco de los operativos de ICE. Según fuentes anónimas citadas por la agencia AP, esta decisión busca evitar una disrupción en áreas económicas clave.
"Se criminaliza al migrante, pero se protege su trabajo cuando conviene a los intereses del capital", denuncian diversas organizaciones que han seguido de cerca la aplicación desigual de estas políticas. Esta contradicción resalta una estrategia calculada que intenta reforzar el discurso antiinmigrante, sin alterar el funcionamiento de industrias dependientes del trabajo irregular.
Detrás de esta ofensiva se encuentra nuevamente Stephen Miller, asesor principal de Trump, quien ha sido el arquitecto ideológico de su política migratoria. Miller ha insistido en que una “aplicación estricta de la ley migratoria es vital para la soberanía nacional”, apelando a los sectores más conservadores del electorado en vísperas de un nuevo proceso electoral.
La escalada en las redadas promete intensificar las tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales, mientras organizaciones civiles se preparan para responder legal y socialmente a lo que consideran una política discriminatoria y autoritaria. En este contexto, queda claro que Trump no descansa: la migración vuelve a ser su bandera de campaña.