El régimen cubano vuelve a exhibir sus contradicciones más profundas. Esta vez, a través de un supuesto vocero oficialista, Salvador Capote, quien aseguró en redes sociales que en Cuba “no hay sistema judicial corrupto ni fuerzas represivas”. Sus declaraciones llegan justo cuando el país entero comenta el escandaloso proceso penal contra el ex viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, acusado de espionaje, corrupción y traición.
En una publicación en Facebook titulada “¡La trampa está puesta! ¡No caigamos en ella!”, Capote intentó defender la imagen del sistema judicial cubano, destacando la “integridad incuestionable” del Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía General de la República, ambas subordinadas directamente al Partido Comunista de Cuba (PCC). Según él, la investigación contra Gil fue “exhaustiva y transparente”.
El mensaje, rápidamente replicado por cuentas afines al oficialismo, coincidió con el anuncio de la Fiscalía cubana, que confirmó haber ejercido acción penal pública contra Gil y otros funcionarios, amparándose en el artículo 156 de la Constitución. El régimen insiste en que se respetó “el debido proceso”, aunque hasta la fecha no se ha divulgado ninguna prueba ni detalle del expediente.
Las acusaciones son graves: espionaje, malversación, cohecho, lavado de activos, falsificación de documentos, tráfico de influencias y evasión fiscal. De ser ciertas, evidenciarían el grado de corrupción dentro del propio aparato estatal que durante años se presentó como modelo de moral revolucionaria.
Como reacción al escándalo, el gobierno lanzó la campaña digital #CeroImpunidad, impulsada por figuras del PCC como Susely Morfa, conocida como “la psicóloga millonaria”, y varios dirigentes provinciales. El objetivo: presentar la corrupción como un hecho aislado y sostener la narrativa de un sistema “puro y revolucionario”. Una estrategia de control político y mediático destinada a contener el impacto del caso.
Sin embargo, el discurso oficial comenzó a tambalearse tras la intervención de la familia del exministro. Su hija, Laura María Gil González, rompió el silencio en redes sociales y pidió que el juicio sea televisado y abierto al pueblo cubano.
“El pueblo agradecería mucho más una ampliación de la noticia”, escribió, cuestionando la falta de transparencia del proceso y reclamando el derecho constitucional a la defensa y la libertad de expresión.
Desde Canarias, su tía María Victoria Gil, exconductora de la televisión cubana, confirmó al diario 14ymedio que la Fiscalía solicita cadena perpetua para su sobrino.
“Si Alejandro Gil traicionó sus principios, que caiga sobre él todo el peso de la ley”, declaró, aunque admitió sentirse “dolida y avergonzada” y desconocer el paradero actual de los familiares directos del exministro.
El caso Alejandro Gil ha puesto al régimen contra las cuerdas. Durante años, Gil fue presentado como el rostro de las reformas económicas y el principal defensor del llamado “ordenamiento monetario”. Hoy, convertido en símbolo del colapso moral y financiero del sistema, es utilizado como chivo expiatorio para justificar el desastre económico nacional.
Mientras tanto, los voceros del poder repiten el guion de siempre: negar la corrupción estructural, responsabilizar al “enemigo externo” y defender un sistema judicial que, en la práctica, carece de independencia.
En una Cuba exhausta por los apagones, la inflación y la escasez, la frase “en Cuba no hay sistema judicial corrupto” suena como una burla. El pueblo sabe que en la isla los jueces responden al Partido y que las sentencias se dictan antes de los juicios.
Si la petición de la hija de Gil prospera y el juicio llega a transmitirse públicamente, podría marcar un punto de inflexión histórico: no solo pondría a prueba la legitimidad de la llamada justicia revolucionaria, sino también la capacidad del régimen para sostener su propio teatro político ante una ciudadanía cada vez más incrédula.