Dos graves casos de malversación fueron detectados recientemente en el municipio de Jagüey Grande, provincia de Matanzas, según informó el perfil oficialista “Con Todos la Victoria”. Los hechos involucran a directivos y empleados de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía, así como a un administrador de una bodega, y reflejan la creciente corrupción que golpea a un sector ya afectado por la escasez y la mala gestión estatal.
El primer caso tuvo lugar en la propia Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía, donde las auditorías detectaron un faltante de 168,174 pesos cubanos (CUP). Según el reporte, el dinero desapareció por concepto de efectivo no depositado, pagos irregulares de salarios y retiros sin justificación.
Los implicados fueron identificados como Yurisandra Rivas, técnica de Gestión Económica, y Yury Garcés, director de la entidad. De acuerdo con la publicación, Rivas ha sido procesada por malversación, mientras que Garcés cuenta con antecedentes de conducta antisocial y atentado.
El segundo caso, aún más escandaloso por el monto involucrado, ocurrió en la bodega “Las Delicias”, también perteneciente a la red de Comercio en Jagüey Grande. Allí se descubrió la sustracción de 1 millón 096 mil 895 pesos cubanos (CUP), dinero que debía ser depositado en el banco. Para encubrir el robo, los responsables falsificaron documentos contables, simulando operaciones que justificaban los fondos desaparecidos.
El autor principal fue identificado como Iván Gómez, administrador del establecimiento, quien además —según el perfil oficialista— tiene antecedentes por abuso sexual, lo que agrava la percepción de impunidad en torno a su actuación dentro del sistema estatal.
Los hechos generaron amplia repercusión entre los usuarios cubanos, muchos de los cuales expresaron indignación por la frecuencia de casos similares dentro de las empresas estatales. Estos sucesos, lejos de ser aislados, ponen de relieve las deficiencias estructurales y la falta de control que caracteriza al sector del comercio minorista en la Isla.
En los últimos años, el propio gobierno ha reconocido que las irregularidades contables, el desvío de recursos y la corrupción administrativa son problemas “sistémicos” dentro de sus empresas. Sin embargo, las denuncias públicas en redes sociales y medios oficiales han sido las principales vías para exponer estas prácticas, ante la poca transparencia institucional en torno a los resultados de las auditorías y procesos judiciales.
Estos hechos reflejan no solo la vulnerabilidad de las finanzas públicas, sino también la descomposición ética de un sistema que concentra la gestión económica en manos de estructuras burocráticas, donde la supervisión real es escasa y la corrupción, cada vez más frecuente.
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