El caso del exmilitar estadounidense de origen venezolano Dahud Hanid Ortiz ha desatado una ola de indignación en España y en la comunidad latina, tras conocerse que fue liberado por el régimen de Nicolás Maduro como parte de un canje con el gobierno de Donald Trump, pese a estar condenado por un brutal triple homicidio ocurrido en Madrid en 2016. Entre las víctimas se encontraban dos mujeres cubanas: Elisa Consuegra Gálvez, abogada nacida en La Habana, de 31 años, y Maritza Osorio Riverón, recepcionista originaria de Holguín, de 46 años.
Ortiz, exmarine que residía en Alemania, viajó a la capital española impulsado por los celos, tras sospechar que su exesposa alemana mantenía una relación con el abogado peruano Víctor Joel Salas. Al no encontrarlo en su despacho en el barrio de Usera, desató su furia contra quienes se encontraban en el lugar. Mató a sangre fría a las dos trabajadoras cubanas y a un cliente, el ecuatoriano Jesús Castillo, a quien confundió con Salas. Luego prendió fuego al lugar en un intento de borrar evidencias del crimen.
A pesar de la gravedad del caso, el régimen venezolano se negó en reiteradas ocasiones a conceder la extradición solicitada por las autoridades españolas. En enero de 2024, un tribunal en Venezuela lo condenó a 30 años de prisión por los hechos. Sin embargo, recientemente trascendió que Ortiz fue uno de los diez presos entregados por Maduro a Estados Unidos, en un acuerdo que, según denuncian familiares y abogados de las víctimas, incluyó su liberación sin ningún tipo de consulta ni justificación.
"Nos sentimos engañados y perplejos. No entendíamos qué estaba sucediendo. Que un asesino de tres personas esté dentro del grupo de presos políticos es inaceptable", denunció el abogado Salas en declaraciones a NTN24. Añadió que ni las autoridades venezolanas, ni las estadounidenses, ni las españolas han dado respuesta sobre el paradero actual de Ortiz, lo que genera una creciente preocupación sobre su posible libertad.
El caso ha generado conmoción, especialmente entre la comunidad cubana en España, que exige justicia por las vidas truncadas de Elisa Consuegra y Maritza Osorio, dos mujeres que trabajaban con dedicación y esfuerzo en su país de acogida. Su asesinato, además de cruel, pone en evidencia las fallas en la cooperación judicial internacional y los riesgos de utilizar canjes políticos sin transparencia.
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