Una tragedia ocurrida en la provincia de Matanzas ha vuelto a sacudir a la sociedad cubana y a poner en tela de juicio la eficacia de las políticas públicas de protección a la infancia. La muerte del niño Roberto Carlos Suárez Machado, de apenas dos años, ha encendido las alarmas sobre la violencia sistemática contra menores en la isla y la falta de mecanismos que prevengan estas situaciones.
Según reportó el medio oficial Girón, la madre del menor, Amarilis Machado, de 18 años, y su pareja, Yosvany Silvera, fueron arrestados y enfrentan un proceso penal por homicidio, tras confirmarse su responsabilidad en los maltratos que causaron graves lesiones internas al niño y que derivaron en su fallecimiento el pasado sábado 19 de julio.
El caso ha generado indignación generalizada, no solo por la violencia ejercida contra el menor, sino también por la persistencia de una cultura de abuso que continúa naturalizándose en muchos hogares cubanos.
“La violencia en la crianza en Cuba se ha perpetuado, desgraciadamente, históricamente debido a la normalización de métodos disciplinarios autoritarios como los castigos físicos”, explicó a Martí Noticias Iliana Álvarez, directora de la plataforma feminista Alas Tensas, con sede en Madrid.
Datos de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) de UNICEF, correspondiente a 2019, reflejan que el 41,6% de madres o cuidadores de niños de entre uno y 14 años considera necesario el castigo físico para criar adecuadamente. El mismo porcentaje de menores fue sometido a métodos de disciplina violentos, mientras que un 33,1% recibió directamente castigos físicos.
“Para desmontar esta cultura es esencial implementar programas de sensibilización que promuevan una crianza positiva y el respeto verdadero a los derechos de los niños; no en el papel, sino en la formación de padres, educadores y profesionales en técnicas y disciplinas no violentas y la promoción de valores como la empatía y el diálogo”, subrayó Álvarez.
Pese a la reciente aprobación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes el 18 de julio pasado —que prohíbe explícitamente toda forma de violencia contra menores y establece medidas integrales de protección—, la experta insiste en que su impacto dependerá de su implementación real y efectiva.
La madre del menor fallecido residía en el reparto Naranjal Norte, en la ciudad de Matanzas, aunque es originaria del asentamiento rural Paso del Medio. Según Álvarez, la maternidad precoz, como en este caso, es un factor de alto riesgo para el maltrato infantil. “Los adolescentes que asumen responsabilidades parentales suelen carecer de la madurez emocional y los recursos económicos necesarios para proporcionar un entorno seguro y adecuado para sus hijos. Esto puede llevar a un aumento del estrés, la frustración, la falta de apoyo, lo que incrementa la probabilidad de recurrir al maltrato físico y emocional”, advirtió.
La situación se agrava en las zonas rurales, donde las carencias materiales y el abandono institucional son más pronunciados, incrementando el estrés y la sobrecarga en padres jóvenes.
A juicio de Álvarez, la falta de programas psicosociales reales y la escasa orientación para padres jóvenes perpetúan el ciclo de violencia. “En Cuba no existen verdaderos programas de apoyo psicosocial y hay una escasa orientación a los padres jóvenes que pueden contribuir a la perpetuación de ese ciclo de violencia”, recalcó.
Lamentablemente, el caso de Roberto Carlos no es aislado. Otras denuncias recientes han salido a la luz. En el municipio Rafael Freyre, Holguín, Marlon de Jesús Cruz Espinosa, un niño de unos seis años, ha sido víctima de maltratos constantes por parte de su madre, Maylin Espinosa Gálvez, y su padrastro, Hamilton Martínez. La abuela materna solicitó la custodia del menor ante la Fiscalía Provincial, pero su petición no ha sido atendida, según reportes en redes sociales.
En Nuevitas, Camagüey, otro niño de dos años fue hospitalizado tras recibir una brutal golpiza de su madre, según informaron medios independientes en julio de 2024.
Álvarez también alertó sobre otras formas de violencia menos visibles, como el uso de menores para fines ideológicos. “Para proteger a los menores en Cuba y garantizar un entorno de respeto en plenamente esos derechos, no basta con la creación de leyes o la implementación de políticas existentes, aunque por supuesto estas sean importantes. Es necesario un cambio estructural profundo en el sistema cubano actual, que vulnera los derechos de las niñas y los niños, especialmente debido a la ideologización de la educación y la coacción temprana de los menores para que sigan ideales políticos impuestos”.
La experta denunció que, por más de seis décadas, los niños cubanos han sido utilizados como instrumentos políticos, forzados a asumir eslóganes como “Seremos como el Che” sin comprender su significado.
“Una política real de protección infantil debe garantizar que los niños puedan crecer en un ambiente educativo que respete su derecho a la libertad de expresión, a una educación libre de manipulación política, en lugar de imponerles una ideología desde su niñez”, subrayó.
Finalmente, Álvarez insistió en que sin participación activa de la sociedad civil y espacios donde la ciudadanía pueda debatir y proponer soluciones, no habrá cambios reales. “La sociedad debe ser consciente de cómo la violencia, tanto física como emocional, afecta a los niños y niñas a lo largo de su vida, pero para romper todo este ciclo de violencia en el que viven actualmente tiene que haber un cambio del sistema político actual”, concluyó.
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