Una orden emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland el 30 de octubre de 2025 ha suspendido temporalmente la implementación de la Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés), impuesta por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La decisión judicial se produjo en el marco del caso Asylum Seeker Advocacy Project v. USCIS, en el que organizaciones defensoras de los solicitantes de asilo impugnaron la medida, argumentando que imponía una carga injusta y contraria a los principios humanitarios del sistema de refugio estadounidense.
El fallo ordena detener las notificaciones y cobros de la AAF establecidos en la normativa publicada el 22 de julio de 2025 en el Registro Federal, que formaba parte del paquete legislativo HR-1. Esa disposición obligaba a todo solicitante de asilo con un formulario I-589 pendiente durante un año fiscal completo a pagar una tarifa anual a partir del primer aniversario de su solicitud y por cada año que esta permaneciera sin resolución.
La medida había generado una fuerte polémica entre abogados y organizaciones de apoyo a migrantes, quienes advertían que la tarifa afectaría especialmente a quienes esperan sus audiencias durante años, sin permiso de trabajo o con ingresos muy limitados.
USCIS manifestó su desacuerdo con la decisión judicial, pero anunció que cumplirá con los términos de la suspensión mientras evalúa una posible apelación. “El Servicio no reembolsará las tarifas ya pagadas, pero los solicitantes que hayan recibido una notificación de pago pueden ignorarla mientras dure la orden judicial”, indicó la agencia en un comunicado.
El sistema de asilo en Estados Unidos enfrenta una acumulación histórica de casos: más de 1.2 millones de solicitudes pendientes ante USCIS y los tribunales de inmigración. La introducción de la tarifa había sido defendida por el gobierno como una forma de financiar los costos administrativos del sistema migratorio, pero para los defensores de derechos humanos, se trata de un intento de desalentar nuevas peticiones de refugio.
El Asylum Seeker Advocacy Project, la organización que lidera la demanda, celebró la decisión del tribunal, asegurando que “representa una victoria para miles de personas que huyen de la persecución y buscan protección en Estados Unidos”.
Por ahora, USCIS ha suspendido todas las notificaciones relacionadas con la Tarifa Anual de Asilo y se espera que emita nuevas instrucciones dependiendo de la evolución del litigio.
La suspensión, aunque temporal, brinda un alivio a miles de solicitantes —incluidos muchos latinoamericanos y cubanos— que temían quedar atrapados entre la burocracia y la imposibilidad de pagar una tarifa que, según expertos, podría haber puesto en riesgo su derecho a asilo.
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