La organización Prisoners Defenders denunció en su informe mensual que decenas de presos han muerto en Cuba como consecuencia de torturas, enfermedades no tratadas y desnutrición dentro del sistema penitenciario. En octubre, la ONG también documentó 11 nuevos prisioneros políticos, en un contexto que califica como de “represión sistemática y deterioro extremo” de las condiciones carcelarias.
El reporte, difundido este jueves, advierte que las cárceles cubanas se han convertido en focos de enfermedad y violencia institucional, donde los reclusos carecen de atención médica adecuada, alimentos suficientes y condiciones mínimas de higiene. La organización señaló que las muertes por causas evitables son cada vez más frecuentes, y que el gobierno no publica información oficial sobre los decesos ni permite investigaciones independientes.
“Las prisiones en Cuba son espacios de sufrimiento y castigo, no de reinserción. Allí imperan el hacinamiento, la represión y la impunidad”, indica el documento, que denuncia además la falta de transparencia judicial y la manipulación de procesos contra ciudadanos comunes, activistas y manifestantes pacíficos.
Entre los casos más recientes, Prisoners Defenders destacó el de cuatro manifestantes de Manicaragua, Villa Clara, condenados a entre cinco y seis años de cárcel por participar en una protesta espontánea el 20 de octubre de 2024 para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. Los acusados —Raymond Martínez Colina, Carlos Hurtado Rodríguez, Osvaldo Agüero Gutiérrez y Yoan Pérez Gómez— fueron procesados por “desórdenes públicos” sin pruebas de violencia ni daños materiales.
El informe también resalta el caso de Leonard Richard González Alfonso, detenido en La Habana por colocar carteles con mensajes críticos al gobierno. González, diagnosticado con trastornos mentales, permanece en la prisión Combinado del Este sin atención médica adecuada, y su familia denuncia que las autoridades le niegan información sobre el proceso judicial.
Asimismo, la ONG denunció que los hermanos Manuel y Yunia Jazmín Caballero Oduardo, de 21 y 19 años, fueron condenados tras resistirse a un desalojo forzoso. Según testimonios, fueron víctimas de violencia policial y juzgados sin garantías procesales, en un contexto de vulnerabilidad social.
Otro caso que ilustra la persecución política es el del activista Mario Víctor Liqui Rodríguez, vinculado a los movimientos MD, MONR y Cuba Decide. Fue detenido por fuerzas especiales en La Habana y trasladado a varias instalaciones, incluida la Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado. Su familia desconoce su paradero actual, lo que ha generado preocupación por una posible desaparición temporal.
Prisoners Defenders, con sede en Madrid, documenta mensualmente las violaciones de derechos humanos en Cuba, y es considerada una de las fuentes más confiables sobre la situación de los presos políticos en la isla. La organización advirtió que el régimen de Miguel Díaz-Canel ha extendido la represión más allá de los opositores tradicionales, alcanzando a ciudadanos que simplemente expresan descontento frente a la crisis económica y social.
(Con información de Infobae)
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