En medio de una profunda crisis económica y con los servicios públicos al borde del colapso, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, volvió a apelar a la disciplina interna como principal herramienta para enfrentar el auge de delitos e irregularidades dentro del aparato estatal.
Durante una reciente reunión del Departamento de Prevención y Enfrentamiento al Delito del Consejo de Ministros, Marrero instó a "elevar la exigencia de los cuadros" y fomentar una “cultura de autocontrol” en las entidades estatales. El encuentro, en el que también participó el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, estuvo marcado por una revelación preocupante: en lo que va de 2024, se han detectado más de 7,700 infracciones durante acciones de control en todo el país.
Según Darío Delgado Cura, jefe del Departamento, el 56% de estas violaciones están relacionadas con fallos de gestión interna, es decir, deficiencias en la organización, dirección y supervisión de las entidades.
“El delito muchas veces ocurre porque el de adentro se confabula con el de afuera, o porque el sistema tiene vulnerabilidades que se aprovechan”, admitió.
Las conclusiones de la reunión exponen una realidad incómoda: negligencia, descontrol y complicidad interna son constantes en un sistema estatal que continúa mostrando grietas estructurales. Pese al llamado a reforzar controles y diseñar planes de seguridad “a la altura de los momentos que vivimos”, la falta de resultados concretos y sanciones visibles genera escepticismo.
Las evaluaciones detectaron desde la inobservancia de normas básicas de seguridad hasta fallos graves en la implementación de la Guardia Obrera. En un contexto de escasez y creciente malestar social, los recursos estatales se vuelven cada vez más vulnerables al desvío y la corrupción.
Uno de los casos más preocupantes fue expuesto por representantes del Ministerio de Energía y Minas: el incremento del robo de combustibles, particularmente en servicentros de Cimex y en puntos de venta de gas licuado de Cupet.
La reventa ilegal de estos recursos, cada vez más escasos para la población, se ha convertido en un negocio rentable, facilitado por la indiferencia o complicidad de quienes deberían prevenirlo.
Marrero reconoció la necesidad de aplicar “más rigor y sistematicidad”, pero no anunció medidas concretas ni responsables sancionados. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en “autocontrol” y “exigencia”, sin abordar causas estructurales como salarios insuficientes, falta de incentivos y una corrupción que se ha vuelto sistémica.
En un país donde cada vez hay menos que proteger y más por lo que sobrevivir, la cultura del control parece más simbólica que efectiva.
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