El gobierno de España planea ampliar su presencia consular en Cuba con la apertura de un nuevos consulado, como parte de una estrategia para mejorar la atención a sus ciudadanos en el exterior y agilizar los trámites vinculados a la nacionalidad, especialmente tras la implementación de la Ley de Memoria Democrática, también conocida como "Ley de Nietos".
El anuncio fue realizado por Xavier Martí, subsecretario de Asuntos Exteriores y vicepresidente segundo del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), durante la última sesión plenaria del organismo celebrada el pasado 2 de abril. Martí explicó que la medida busca responder a la elevada demanda de servicios consulares en América Latina, donde residen millones de ciudadanos españoles y descendientes con derecho a solicitar la nacionalidad.
Según datos oficiales, hasta el 28 de febrero de 2025, las oficinas consulares españolas han recibido cerca de 678.000 solicitudes de nacionalidad por esta vía, con más de 320.000 expedientes ya aprobados y más de 200.000 inscripciones efectuadas en registros civiles consulares. Este volumen de trámites ha motivado una profunda reorganización de la red consular, especialmente en países como Cuba, donde la demanda continúa creciendo.
Una de las novedades destacadas es la implementación de una herramienta informática que permite registrar solicitudes de cita para trámites de nacionalidad, incluso si la atención presencial ocurre después del 26 de octubre de 2025, fecha límite para acogerse a la Ley de Memoria Democrática. Esta plataforma ya se utiliza en países como México, Colombia, Guatemala y Costa Rica, y se extenderá a una docena más de consulados, incluyendo los previstos en Cuba.
Aunque las autoridades no han confirmado aún las ubicaciones específicas de las nuevas oficinas, se especula que una de ellas podría establecerse en la ciudad de Camagüey, en el centro de la isla, como respuesta a la concentración de solicitudes en esa región.
La apertura de un nuevo consulado en Cuba se enmarca, por tanto, en un esfuerzo más amplio del Ministerio de Asuntos Exteriores para optimizar la gestión consular y garantizar el derecho a la ciudadanía a todos los descendientes de españoles, independientemente de su ubicación geográfica.
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