Legisladores federales y estatales denunciaron este fin de semana condiciones “infrahumanas” en dos centros de detención migratoria en Estados Unidos: Alligator Alcatraz en Florida y el Centro de Detención de Adelanto, en California. Ambos sitios han sido señalados por restringir el acceso a congresistas y por mantener a cientos de migrantes en situaciones precarias.
En Florida, congresistas demócratas realizaron su primera visita al nuevo centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en un antiguo aeropuerto dentro de los Everglades.
El senador estatal Carlos Guillermo Smith declaró: “750 humanos en jaulas. No nos permitieron hablar con los detenidos ni caminar por las áreas ocupadas. Hay inmigrantes sin antecedentes criminales”.
La congresista Debbie Wasserman Schultz agregó que hay hasta “32 detenidos por jaula”, con acceso a agua en el mismo espacio donde se encuentran los inodoros.
Las instalaciones, operadas por el gobierno de Florida en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fueron calificadas como un “campo de internamiento” por los legisladores, quienes señalaron también el costo estimado de $500 millones de dólares y su ubicación en una zona propensa a inundaciones.
La congresista Wasserman Schultz enfatizó: “Están usando jaulas. Están esencialmente hacinados”. Según los demócratas, la prisión representa un peligro no solo para los migrantes, sino también para agentes federales y miembros de la Guardia Nacional.
En paralelo, en California, los representantes federales Raúl Ruiz y Norma Torres denunciaron que se les impidió el acceso al centro de detención de ICE en Adelanto, administrado por la empresa privada GEO Group.
La visita había sido programada para el 11 de julio y según documentos compartidos por la oficina del congresista Ruiz, se cumplió el requisito de aviso con 72 horas de antelación. Sin embargo, ICE informó que la nueva guía exige un aviso con siete días, algo que, según los legisladores, no había sido comunicado oficialmente hasta el momento de su llegada.
Los congresistas calificaron la negativa como una “violación de la ley federal” y afirmaron que se trata de una obstrucción a la supervisión de las condiciones dentro de los centros. Ruiz afirmó: “Vine aquí para garantizar que los residentes de mi distrito estén protegidos de condiciones inhumanas”. Torres agregó que negar el acceso al Congreso “es ilegal y un intento de ocultar abusos”.
Ambos casos han reavivado el debate sobre la transparencia y el trato a los migrantes en centros de detención en EE.UU., así como el rol del Congreso en la fiscalización de estas instalaciones.
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