La debacle de la ganadería cubana quedó expuesta con crudeza durante las sesiones de trabajo de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lejos de mostrar avances, las cifras presentadas reflejan el colapso de un sector esencial que atraviesa una crisis estructural, resultado de la ineficacia del modelo económico cubano y décadas de malas decisiones.
Desde 2019, el país ha perdido más de 900 mil cabezas de ganado, y las entregas oficiales de leche se han reducido a la mitad, mientras las de carne cayeron un 73%. Esta catástrofe ganadera ocurre mientras miles de niños cubanos ven menguada su alimentación y el acceso a la carne vacuna se convierte en un lujo casi prohibido para la mayoría de los ciudadanos.
En 2024, la masa vacuna se situó en alrededor de tres millones, con una pérdida neta de casi 400 mil animales respecto al año anterior. La diferencia entre nacimientos y muertes apenas supera los 145 mil, mientras que más de 27 mil animales fueron objeto de hurto o sacrificio ilegal. A esto se suman 1.2 millones de muertes por enfermedades o abandono, dejando a los cubanos sin leche ni proteína animal y sin perspectivas reales de mejora.
El 84.5% del ganado está en manos de productores privados, pero los decomisos, multas millonarias y la desprotección legal ahogan su potencial productivo. Más de 70 mil productores abandonaron la actividad en los últimos años ante la falta de incentivos y condiciones mínimas para operar.
A pesar del descalabro, el ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, afirmó que “la ganadería se debe salvar por sí misma”, sugiriendo un enfoque autogestionado mientras el Estado continúa asfixiando al sector con controles, burocracia y abandono. La propuesta de entregar más tierras a quienes tengan experiencia contrasta con la realidad de los productores: sin agua, sin insumos, sin financiamiento y sin protección frente al robo de ganado, producir carne o leche es casi una hazaña.
El análisis también evidenció el absurdo contraste entre el discurso oficial y la realidad del cubano de a pie, quien no puede comprar carne vacuna legalmente ni siquiera una vez al mes. En la práctica, su consumo está vetado por escasez y por precios inaccesibles. La leche, cuando llega, es racionada al extremo y reservada apenas para los menores de siete años.
Algunos diputados, como Homero Acosta, reconocieron que “nada se podrá resolver si no se arreglan primero los problemas macroeconómicos del país”, y advirtieron que la ganadería podría seguir el camino de la industria azucarera, hoy prácticamente extinta. Otros legisladores señalaron la corrupción en las empresas estatales, la mentalidad obsoleta de funcionarios y productores, y el daño estructural del delito que obliga a “guardar los animales antes de las cuatro de la tarde para evitar robos”.
Entre propuestas dispersas, como priorizar proyectos genéticos, informatizar registros pecuarios o exportar carbón vegetal para obtener divisas, no apareció una solución concreta a corto plazo que garantice más leche en la mesa de los niños o carne para la población.
Mientras tanto, la cúpula política sigue debatiendo entre consignas y fórmulas ineficientes, ignorando que el verdadero drama no está en las estadísticas, sino en la nutrición deteriorada de millones de cubanos, especialmente los más vulnerables. La ganadería cubana no necesita discursos, necesita tierra, agua, seguridad jurídica, libertad para comerciar y un modelo económico que funcione.