Las recientes redadas de ICE en Los Ángeles y Nueva York han desatado una profunda preocupación entre activistas, defensores de los migrantes y comunidades enteras que se sienten directamente atacadas.
En un operativo que parece guiado por tácticas militares y marcado por un fuerte perfil racial, más de 1,600 personas han sido arrestadas en el sur de California en apenas tres semanas, mientras que en Nueva York se ha reportado el mayor número de detenciones diarias en dos años, con más de 110 personas aprehendidas en jornadas consecutivas.
“Los agentes enmascarados saltan de vehículos sin identificación, portan armas largas y se lanzan sobre cualquier hombre que parezca hispano”, denunció un reporte de CalMatters citado en el pódcast “El Diario Sin Límites”, que analiza la intensificación de las políticas migratorias bajo el mandato del presidente Donald Trump.
Estas redadas se realizan en viviendas, granjas, tiendas como Home Depot y hasta en la vía pública. En muchos casos, los arrestados no tenían antecedentes ni cometieron delito alguno; simplemente fueron abordados por su apariencia, su idioma o el lugar donde estaban.
En respuesta, una jueza federal en California ordenó suspender las detenciones basadas en características raciales, lingüísticas o por ubicación, exigiendo a los agentes de ICE cumplir con la Cuarta Enmienda.
Sin embargo, como señalaron activistas como Ron Góchez, esa orden no ha frenado por completo las acciones: “El lunes vimos una reducción del 70% de actividad, pero las redadas comenzaron este martes en diferentes zonas del sur de California”.
La situación provoca no solo terror en los barrios migrantes, sino también una creciente ola de organización comunitaria. Góchez y otros líderes impulsan entrenamientos de patrullas comunitarias para proteger a jornaleros y trabajadores agrícolas.
El caso de Alberto, un jornalero en Garden Grove, ilustra el trauma: “El día que vi a los agentes gritando y arrestando jornaleros, me dio un ataque de ansiedad. Desde entonces, no he vuelto a buscar trabajo en el Home Depot”.
En paralelo, muchos detenidos son trasladados sin aviso a otros estados, encadenados, con comida mínima, sin duchas ni baños, durmiendo en el suelo con mantas de plástico. "No son criminales ni enemigos de guerra", enfatiza el informe, "son trabajadores que viven en las principales ciudades del país".
Mientras continúan las redadas, activistas insisten en que la única defensa real proviene de la comunidad organizada. “Solo el pueblo salva al pueblo. No podemos confiar en los políticos ni en las autoridades. La comunidad debe defenderse sola”, sentenció Góchez.
Fuente: La Opinión
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