La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al presidente Donald Trump a continuar con su controversial plan de desmantelar el Departamento de Educación, incluyendo el despido de casi 1,400 empleados. Esta decisión representa un golpe significativo para el aparato federal educativo y un avance clave para el proyecto del mandatario republicano de reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal.
El fallo suspende una orden previa emitida por el juez federal Myong Joun, en Boston, que bloqueaba temporalmente los despidos. Joun había argumentado que cesar a tal número de empleados podría “paralizar” el funcionamiento del departamento y cuestionó la legalidad del plan, al considerarlo una maniobra para desmantelar una agencia creada por el Congreso.
El Tribunal de Apelaciones también se había negado a levantar esa orden, lo que llevó a la Casa Blanca a escalar el caso ante la Corte Suprema. Con la disidencia de los tres jueces liberales, el máximo tribunal permitió al Gobierno continuar con su plan sin ofrecer mayores explicaciones, como suele ocurrir en este tipo de apelaciones de emergencia.
La medida se enmarca dentro de una de las principales promesas electorales de Trump, quien ha sostenido durante años que el Departamento de Educación representa una burocracia ineficaz que debería ser eliminada y sus funciones transferidas a los estados. En palabras de la secretaria de Educación, Linda McMahon, el objetivo es “desaparecer completamente” la agencia, aunque ese paso requeriría una ley del Congreso, ya que se trata de un organismo del gabinete presidencial.
El proceso de reducción comenzó en los primeros meses del segundo mandato de Trump, con congelamientos de contrataciones, recortes presupuestarios y la transferencia de programas clave a otras agencias. El despido masivo autorizado ahora por la Corte Suprema es el paso más drástico hasta la fecha y podría afectar directamente áreas sensibles como la gestión de préstamos estudiantiles, las protecciones para estudiantes con discapacidades y los programas de apoyo a escuelas públicas de bajos recursos.
Los críticos del plan, incluidos sindicatos de trabajadores federales y organizaciones educativas, advierten que esta política debilita la educación pública y pone en riesgo los derechos de millones de estudiantes, especialmente en las comunidades más vulnerables. “No se trata de eficiencia, sino de desmantelar el acceso equitativo a la educación”, declaró un portavoz de la Asociación Nacional de Educación (NEA).
Mientras tanto, voceros del Gobierno aseguran que las funciones esenciales serán asumidas por otras agencias y que el verdadero objetivo es reducir el gasto federal y dar mayor autonomía a los estados en materia educativa.
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