Un nuevo intento por reformar el sistema migratorio de Estados Unidos será presentado esta semana por un grupo bipartidista de congresistas liderado por la republicana María Elvira Salazar (Florida) y la demócrata Verónica Escobar (Texas). El proyecto, denominado Ley Dignidad, busca ofrecer un camino hacia el estatus legal —sin amnistía— para ciertos inmigrantes indocumentados, mientras refuerza la seguridad fronteriza y agiliza procesos migratorios.
La nueva versión de la Ley Dignidad retoma una iniciativa presentada en 2023 que no logró avanzar en el Congreso. En su esencia, busca equilibrar dos objetivos: fortalecer el control fronterizo y brindar soluciones legales a inmigrantes con años de residencia en el país. Según sus impulsoras, la medida representa “una solución de sentido común” al caos del sistema actual.
“Estados Unidos está pagando el precio de décadas de inacción”, escribió Salazar en redes sociales. “Nuestro sistema migratorio está roto, pero aún podemos repararlo sin sacrificar el estado de derecho”.
Aunque aún no se han revelado todos los detalles de la nueva propuesta, se espera que mantenga puntos clave del proyecto de 2023:
Estatus legal temporal para inmigrantes indocumentados con al menos cinco años de residencia continua antes de la entrada en vigor de la ley. Esto incluiría verificación de antecedentes, pago de impuestos adeudados y cumplimiento de otros requisitos.
Beneficios para “dreamers” y beneficiarios del TPS. En la versión anterior, los dreamers podían obtener una residencia condicional por 10 años con acceso a empleo, viajes y eventual camino a la residencia permanente. También se contemplaba la legalización para algunos tepesianos que estuvieran en el país desde 2021.
Reforma del sistema de asilo y control fronterizo, con adjudicaciones rápidas —en un plazo de 60 días— por parte de oficiales en la frontera, y la creación de centros humanitarios y de procesamiento migratorio en América Latina para evitar cruces irregulares.
Visas agrícolas especiales, pensadas para trabajadores indocumentados del campo que demuestren empleo continuo. El objetivo es ofrecerles estabilidad legal tras varios años de contribución al sector agrícola.
Modernización del sistema de inmigración, incluyendo reducción en tiempos de espera para visas familiares y laborales, programas para atraer talento STEM graduado en EE.UU., y mejoras para estudiantes internacionales.
A diferencia de propuestas anteriores, esta ley no plantea una amnistía automática, sino un proceso de años para acceder a la residencia legal, condicionado al cumplimiento de múltiples requisitos. Según sus promotoras, busca dar una oportunidad “digna” a quienes han contribuido a la sociedad estadounidense durante años pero viven en la sombra.
El plan incluiría también inversión en infraestructura y tecnología en la frontera sur, en línea con la reciente megalegislación aprobada bajo la administración Trump, que contempla casi $50.000 millones para seguridad fronteriza. No obstante, el reciente bloqueo judicial a una orden ejecutiva de Trump sobre asilo podría modificar parte del enfoque.
Aunque la iniciativa representa un esfuerzo bipartidista en un tema históricamente polarizado, el camino legislativo no será fácil. Grupos proinmigrantes y sectores conservadores podrían oponerse por razones opuestas: unos por considerar que endurece el sistema, y otros por pensar que abre la puerta a regularizaciones masivas.
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