En Cuba, la utilización de tarjetas magnéticas pertenecientes a personas fallecidas ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad del sistema bancario estatal. Lejos de contar con un mecanismo automatizado y seguro, la banca nacional depende de notificaciones manuales por parte de familiares o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para proceder al bloqueo de cuentas tras un fallecimiento.
Directivos del Banco Metropolitano (Banmet) admitieron recientemente que la institución no posee herramientas para detectar por sí sola el deceso de un titular. La directora de Banca Personal, Siria María Cruz Ibarra, explicó que solo después de dos años sin movimientos una cuenta puede inactivarse automáticamente, lo que deja un margen amplio para el uso indebido por parte de terceros.
Esta situación pone en evidencia un grave rezago en la informatización del sistema financiero cubano, que sigue operando con una lógica obsoleta, incapaz de garantizar la protección del dinero de sus clientes. Aunque legalmente el uso de las tarjetas es personal e intransferible, en la práctica muchas personas —por enfermedad, edad avanzada o emigración— delegan su uso a familiares o conocidos.
El banco se deslinda de cualquier responsabilidad cuando ocurren fraudes, alegando que el contrato prohíbe compartir la tarjeta o el PIN. Sin embargo, en lugar de implementar soluciones tecnológicas como la verificación biométrica o la conexión directa con registros civiles, las autoridades insisten en culpar al “desconocimiento” de los usuarios.
Más preocupante aún es la falta de estadísticas oficiales sobre estos fraudes, herencias en disputa o cuentas manipuladas. Aunque se reconoce la existencia de redes que cometen estafas mediante suplantación de identidad, las autoridades no han ofrecido datos concretos sobre investigaciones o sanciones aplicadas.
En un entorno bancario moderno, esta realidad sería inadmisible. Sin embargo, en Cuba, donde la modernización tecnológica avanza con lentitud, el sistema financiero continúa gestionando fondos con métodos propios de otra era. En consecuencia, los fondos de los clientes, incluso después de su muerte, quedan expuestos a un uso indebido sin que existan mecanismos efectivos de protección para los herederos.
Esta falta de control y transparencia en la banca estatal no solo facilita el fraude, sino que también deja desprotegidos a quienes deberían ser beneficiarios legítimos del patrimonio de sus familiares fallecidos.
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