En un video publicado recientemente en el perfil de facebook de Glenda Rancano, la madre del preso de conciencia Roberto Pérez Fonseca, emitió una urgente llamada de atención sobre la situación de su hijo en la prisión de Quivicán.
Según relata, el oficial Dorisbel, jefe del centro penitenciario, habría ordenado a los reclusos del llamado "consejo de disciplina" que “mantuvieran a Fonseca molesto”, es decir, lo hostigaran de manera sistemática.
La madre declara: “Se sabe cómo empieza, pero no cómo termina, y temo por la vida de mi hijo” y señala que las acciones de acoso persisten hasta hoy, generando un temor creciente por la integridad física y emocional de Roberto.
Según organizaciones de derechos humanos, este tipo de presión y abuso es común hacia prisioneros políticos, donde a menudo se utiliza un grupo de presos —como ese consejo de disciplina— para ejercer hostigamiento indirecto, mientras las autoridades se desentienden de supervisión formal.
En el caso de Cuba, Prisoners Defenders documenta que a finales de enero de 2025 había al menos 1 150 presos políticos o de conciencia en condiciones represivas, muchos de ellos sin acceso a beneficios penitenciarios como regímenes de semilibertad o vivienda abierta, derechos reconocidos en la propia ley cubana.
Del total, cerca del 60 % se les ha negado acceso a esos beneficios.
Además, se han registrado casos de abuso físico, tortura (privación de alimentos, atención médica, aislamiento), y uso de regímenes domiciliarios bajo condiciones de vigilancia permanente.
Amnistía Internacional y otras ONGs han señalado que cientos de opositores y manifestantes del 11 de julio de 2021 permanecen bajo detención arbitraria, interrogatorios y amenazas continuas.
Organizaciones como Cubalex advierten que las excarcelaciones anunciadas en 2025 —más de 500— no representan liberaciones reales ya que la mayoría fueron personas que ya tenían derecho al régimen abierto.
Los presos liberados siguen bajo vigilancia, condiciones restrictivas y amenazas de regreso a prisión.
Respecto a Roberto Pérez Fonseca, fue arrestado por su participación en las protestas del 11J, junto con otros jóvenes que rompieron símbolos del régimen.
Desde entonces, ha sido catalogado como preso de conciencia. Su acceso a beneficios penitenciarios ha sido limitado o nulo.
En este contexto general, el acoso orquestado por autoridades como el oficial Dorisbel agrava aún más su situación, su madre insiste en que teme por su vida.
El video de Glenda Rancano se convierte en un testimonio de denuncia y esperanza, una petición para que las autoridades y la comunidad internacional le presten atención a las tácticas represivas dentro de las cárceles cubanas.
Sus palabras no incluyen juicios políticos, sino un reclamo humanitario: detener el maltrato y asegurar la vida de su hijo.
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